El senador Alejandro Armenta Mier propuso modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de fortalecer al sistema financiero y a las instituciones de inteligencia en el combate al crimen organizado, en materia de lavado de dinero y terrorismo.
La iniciativa contempla incluir en la definición de entidades financieras a los asesores de inversión y a las financieras nacionales de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero.
LEE: PROPONEN AUDITORÍA EXTERNA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Asimismo, sustituir en el concepto de negocios el calificativo “cotidiano” por “habitual”, para conferir a la interpretación claridad con mayor respeto con el propósito de la ley.
Además de dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para agilizar el desarrollo de las facultades atribuidas a la misma, sin dejar de ser una instancia centralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al tiempo de facultarla para establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico de quienes realicen las actividades vulnerables, así como recibir y administrar la información de dichos trámites para informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal, promover entre las entidades federativas la implementación de unidades especializadas en la recepción y análisis de información que conste en todo tipo de registro patrimonial, que contribuya a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así como para la coordinación, a través de la UIF, de todas las autoridades nacionales competentes en materia de prevención y combate con el propósito de llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones; y, para coordinar, a través de la misma Unidad, sus funciones con las de la Guardia Nacional.
Asimismo, precisó que la SHCP deberá poner a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes los recursos bloqueados en términos de la legislación financiera aplicable, siempre que los usuarios no hagan valer sus derechos.
La reforma, agregó Armenta Mier, también contempla reemplazar el término “salario mínimo” por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA), precisa los procedimientos en el intercambio de información entre el Banxico y la SHCP y señala que la información relativa a partidos políticos, coaliciones, candidaturas y de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por UIF, entre otras.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.