La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió los recursos de reclamación 91/2018-CA, 92/2018-CA y 95/2018-CA derivados del incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, interpuestos por senadores, el presidente de la República y diputados respectivamente.
Los anteriores se resolvieron en el sentido de preservar la suspensión concedida en diciembre pasado en contra de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
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Debido a la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, la Segunda Sala solicitó la presencia del ministro decano Luis María Aguilar Morales (ahora integrante de la Primera Sala) para analizar los tres recursos presentados en contra de la suspensión concedida por el ministro ponente de las acciones Alberto Pérez Dayán.
El ejecutivo federal sostenía que la suspensión se fundó incorrectamente en el numeral 69 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla que, para el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, en lo que no esté señalado, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales. Sin embargo, el artículo 64 del mismo ordenamiento dispone que no es procedente la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad.
Este caso a suscitado enfrentamientos entre los poderes, especialmente entre el titular del ejecutivo federal y los ministros que integran la SCJN. Ya solventados estos recursos de reclamación proyectados por los ministros Javier Laynez y Eduardo Medina Mora, habrá que esperar el proyecto de resolución que presentará el ministro ponente Alberto Pérez Dayán y su discusión en el Pleno del Máximo Tribunal. Por ello, se vaticina que este es solamente un capítulo más de la confrontación. Igualmente es posible que, para la discusión del asunto, ya se encuentre en la Corte la persona que suceda a la ministra Luna Ramos (la terna propuesta por el presidente ya está en el Senado de la República).
Cabe recordar que legisladores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como de la reforma al Código Penal Federal, del 5 de noviembre de 2018, las cuales fueron admitidas por la Corte.
Posteriormente, se presentó un incidente solicitando la suspensión, la cual fue concedida para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la constitución federal, así como tercero transitorio del decreto de reforma constitucional del 24 de agosto de 2009.
