HR Ratings estimó que al cierre de este año al menos 10 instituciones públicas y privadas habrán adoptado esta metodología
La calificadora mexicana HR Ratings desarrolló una metodología para que empresas privadas, instituciones públicas o gobiernos locales (estados y municipios) midan su capacidad interna para prevenir esquemas de corrupción.
El director general de la agencia evaluadora, Fernando Montes de Oca Gatica, informó que a ocho mes del nacimiento de esta metodología anticorrupción denominada “evaluación de la política de integridad”, ya han sido calificadas al respecto dos entidades: Banobras y Fovissste.
Estimó que al cierre de este año al menos 10 instituciones públicas y privadas habrán adoptado esta metodología, la cual responde a las políticas de integridad que tienen que cumplir todas las empresas para hacer negocios en México, como parte de la reforma anticorrupción de 2016.
En entrevista con Notimex, destacó la importancia de adoptar este tipo de metodologías anticorrupción, ya que la penalización para las empresas públicas o privadas que cometan actos de corrupción van desde la disolución de la empresa, hasta acciones legales hacia los dueños o representantes de las mismas.
LEE: ¿TU EMPRESA TIENE UNA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN?
“Somos la única calificadora que tiene una metodología anticorrupción, y al ser una calificadora 100 por ciento mexicana estamos más sensibles y somos más reactivos a cambios regulatorios locales para poderlos aplicar o implementar con nuestros clientes”.
En julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las leyes secundarias de las reformas constituciones en materia anticorrupción, mediante las cuales se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Montes de Oca Gatica explicó que esta reforma anticorrupción incluye varios cambios para evaluar las políticas de integridad que las personas morales tenían que cumplir y establecer dentro de las propias empresas.
Así, como parte de esta lucha contra la corrupción, HR Ratings creó en agosto de 2018 una metodología que se denomina “Evaluación de la política de integridad”, una metodología de prácticas anticorrupción adicional al análisis de que ofrece a sus clientes.
