En los casi seis meses, ya se han comenzado a instaurar ciertas modificaciones, las cuales han sido basadas en la estrategia del mandatario para mejorar el país
El pasado 30 de abril de 2019 el ejecutivo federal dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y lo entregó al Poder Legislativo para su análisis; este documento tiene como objetivo superar la debilidad fiscal y financiera que tiene México. El PND suele considerarse como una “carta de buenas intenciones” en el que el ejecutivo expone los puntos sobre los que se pretende que mejore la situación del país.
En esta ocasión dicho documento no desvirtúa tales apreciaciones, nos comenta el maestro Jesús Edmundo Coronado Contreras, coordinador editorial de las áreas de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.
Desde la campaña por la presidencia el actual mandatario se refirió a los múltiples y diversos cambios que instauraría en caso de ser electo; dichos cambios implicarían la cuarta transformación en la historia de México. La famosa “4T” ha sido catalogada por los detractores de la administración como una “transformación de cuarta”. En los casi seis meses, ya se han comenzado a instaurar ciertas modificaciones, las cuales han sido basadas en la estrategia del mandatario para mejorar el país. Muchas de esas ideas están plasmadas en el PND 2019-2014.
Dentro de las 64 páginas que comprende, se esgrimen puntos ya abordados por la actual administración en sus pocos meses al mando, toda vez que se encuentran previstos programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, también se señala el establecimiento de la Guardia Nacional; puntos estos dos que han originado polémica por las múltiples implicaciones que producen. No obstante, destaca que se especifica que no habrá más incrementos impositivos y que se combatirá a la evasión fiscal “rigurosamente”, que es considerada una forma de corrupción. En este punto, se sigue sin conocer qué considera la administración del presidente López Obrador, como corrupción, toda vez que es un término empleado recurrentemente, pero que resulta bastante ambiguo.
En dicho sentido, se anuncia la creación de una “unidad policial especializada en lavado de dinero”, lo cual resulta incorrecto en sentido estricto, porque si la policía es “experta en lavar dinero” están cometiendo un delito, tendrían que ser experta en prevenir o erradicar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Más allá de “horrores” o “errores” de redacción, debe prestarse singular atención a este punto, toda vez que si se pretende “reorientar” a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que esta sea la encargada de combatir delitos fiscales y prevenir el blanqueo de capitales esto implicaría una reforma sustancial y que no debe pasar inadvertida porque sus efectos serían una serie de modificaciones en los ámbitos administrativo, fiscal y penal.
Anteriormente, dentro de la otrora Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR) estaba la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en ella la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, la cual devenía de la estrategia 1.3.1 del PND 2013-2018 y se le facultó para investigar esos delitos, cumpliendo con la línea de acción instaurada por esa administración para combatir el blanqueo de capitales. ¿Será que ahora tendremos más de lo mismo o la llamada cuarta transformación volverá más efectiva la lucha contra el lavado de dinero? El PND suele ser una carta de buenas intenciones, habrá que estar atentos a si realmente dichos propósitos se traducen en políticas e instrumentos efectivos para la consecución de los fines trazados.
