Después de las recomendaciones de GAFI, las autoridades pusieron en marcha una serie de cambios normativos con la finalidad de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.
Estas modificaciones y nuevas definiciones impactan de manera directa en la labor de los Oficiales de cumplimiento.
Estos miembros de las empresas son los encargados de implementar, vigilar y generar una cultura de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al interior de la organización.
Ello, afirmó la especialista de Blinda, Joselyn Montiel, genera que la culpa de todos los problemas y la responsabilidad de las soluciones y cumplimientos recaiga en esta figura.
De ahí que recomendó contar con un Plan Anual de Cumplimiento en el que se considere:
- hacer siempre las actas de sesión, pues en caso de no existir no habrá documentación de respaldo de las actividades en la materia y puede acarrear sanciones para el oficial.
Estas actas, detalló, deben contar mínimo con elementos como asistencia y firmas, programa de capacitación aprobado, alertas, dictaminación y análisis de operaciones alertada para reporte, seguimiento a observaciones, envío de relevantes con operaciones o en ceros, actividades de difusión, capacitación impartida, cambios en los perfiles transaccionales, modificaciones de riesgo y alto riesgo, lista de personas bloqueadas SITI y cada uno de los puntos del programa de cumplimiento. - cumplir con la metodología de evaluación basada en riesgos que asegure que no existen inconsistencias en la información y establezca que el cumplimiento y resultados serán evaluados en los períodos marcados por la ley
- generar manuales con los criterios y mecanismos que habrán de adoptarse para el cumplimiento de la identificación y celebración de operaciones de forma remota y que se actualice de acuerdo con los cambios a las disposiciones
- identificar a los clientes, sus perfiles, niveles de riesgo
- verificar los expedientes
- promover una correcta auditoria y dictaminación
En este sentido, destacó que es indispensable que los oficiales de cumplimiento cuenten siempre con herramientas tecnológicas que apoyen a la automatización de procesos.
Ese sistema automatizado, aclaró, debe proveer la información que las organizaciones necesitan para la prevención y mitigación de riesgos.
