Con el voto en contra de legisladores del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), PRD y Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el proyecto de Decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y lo turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El dictamen de reformas y adiciones a disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de Concursos Mercantiles y Orgánica de la Administración Pública Federal, obtuvo 291 votos en favor, 113 en contra y cinco abstenciones, entre ellas de la morenista Lorena Villavicencio.
Los hechos susceptibles de la extinción de dominio son por delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
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En una prolongada sesión, bajo la presidencia en turno de Dolores Padierna Luna, se dio entrada a decenas de reservas para la discusión en lo particular por parte de los legisladores de oposición, incluso de Morena, como Tatiana Clouthier, que presentó una propuesta de modificación conjunta con Lorena Villavicencio.
La legisladora se manifestó contra los artículos 227 y 228 del dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece la venta anticipada de un bien porque, dijo, podría ser anticonstitucional.
Recordó que la Carta Magna establece que ninguna persona puede ser librada de sus bienes, salvo que haya concluido el juicio respectivo, por lo que disponer de sus bienes sin una sentencia “es discrecional”.
Los diputados Mariana García Rojas, del PAN; Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron reservas en el mismo sentido, mismas que fueron desechadas, sin discusión, por la mayoría de Morena.
Incluso, el priista Enrique Ochoa Reza cuestionó la escasa presencia de legisladores en el salón de plenos de la Cámara de Diputados durante la presentación de las reservas a diversos artículos, pues, en su opinión, por momentos no llegaba ni a 100 legisladores.
¿Qué se avaló?
El dictamen aprobado establece que las disposiciones de la ley son de orden público e interés social y tienen por objeto regular la extinción de bienes a favor del Estado, por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas, el procedimiento y los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso.
Asimismo, los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.
La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, subrayó que dado los fenómenos de inseguridad y violencia registrados en el país en las últimas décadas, uno de los temas pendientes ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en sus recursos y activos económicos.
La expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y las reformas a otras leyes secundarias tienen como fin instalar un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una política de Estado, subrayó.
