La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 136 empresas e inhabitado a más de un centenar por irregularidades en los procesos de contratación, informó su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La funcionaria federal comentó que por esas irregularidades se han impuesto multas por más de mil 400 millones de pesos en siete meses de la presente administración.
Aunado a ello, indicó que la dependencia inició más del doble de investigaciones al respecto que en los últimos 11 meses del año pasado.
Durante su participación en el Foro “Combatir la corrupción con más competencia: responsabilidad compartida entre autoridades y empresa", realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dijo que las relaciones de complicidad entre los sectores público y privado afectan la economía y fomentan un ciclo de corrupción.
“La protección conduce a un mercado poco competitivo, donde los cárteles buscan impedir la entrada de nuevos jugadores en el mercado”.
Sostuvo que el costo de esos privilegios, como el de la corrupción, lo pagan todos los mexicanos, porque los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia.
Por ese hecho, dijo, los hogares mexicanos pierden casi 16% de sus ingresos por la concentración de los mercados, mientras que en los estados del sureste del país la pérdida en el bienestar es 47 por ciento mayor que en las entidades del noroeste.
“Es impostergable que se fortalezca la política de competencia, que se separen de manera tajante los intereses públicos y privados y que las empresas crezcan porque aumenta su productividad y no porque se les conceden privilegios para tener dominancia en el mercado".
Por ello, Sandoval Ballesteros y la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, firmaron un convenio de colaboración para trabajar más de cerca en la materia.
Con este instrumento, la Cofece podra reportar a tiempo sus investigaciones en materia de competencia y, con ello, investigar y sancionar también a quienes se coluden en contrataciones públicas.
