El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, que asciende a 6.1 billones de pesos, envía un mensaje mixto a los mercados.
Uno positivo, pues las finanzas públicas se mantienen como indicador fundamental de la estabilidad de la economía y el otro que alerta sobre la necesidad de destinar gasto público para incentivar el crecimiento económico, reportó el CEESP en su análisis.
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Detalló que el Presupuesto aprobado en la Ley de Ingresos es superior en 11,397 millones de pesos respecto al paquete económico originalmente propuesto por el ejecutivo.
Esta decisión refleja “una buena señal”, toda vez que refrenda el compromiso del Gobierno y el Congreso de mantener dentro de un equilibrio razonable las cuentas del sector público.
En este contexto, comentó que los indicadores generales de las finanzas públicas prácticamente no muestran modificaciones. El déficit público de 547.1 mil millones de pesos se mantiene sin cambio. Y aunque el superávit primario tiene una ligera reducción de 5.5 mil millones de pesos (mmdp), como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no hay variación.
Sin embargo, alertó que, si bien una parte importante de los recursos para el gasto público se canaliza a los programas asistenciales y proyectos insignia del gobierno, algunos de ellos sufren ajustes a la baja, reflejo, probablemente de la falta de los estudios de rentabilidad social, entre otros, que confirmen su viabilidad.
Explicó, además, que se descuidan rubros con potencial de generar un impulso de la actividad económica y que en el mediano y largo plazo podrían fortalecer la productividad y competitividad del país. “Ni el uso de esos recursos adicionales ni las reasignaciones parecen haberse dirigido a rubros que contribuyan a la reactivación del crecimiento económico del país”.
Reconoció que el nuevo gobierno está privilegiando a la población a través de programas asistenciales con el fin de reducir rápidamente la pobreza. Pero también "es difícil ignorar el elevado contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las que operan los programas sociales prioritarios".
Explicó que, mientras estos programas no cuenten con reglas de operación, padrones y objetivos claros transparentes que los hagan evaluables, es poco probable que dichos programas asistenciales tengan un efecto permanente o duradero en el bienestar social.
Por el contrario, aseguró "la inversión física sigue siendo uno de los renglones de ajuste del gasto público”, y se puede intuir que los recursos destinados a inversión física se mantuvieron sin cambio, lo que significaría una nueva caída de alrededor de cinco o seis por ciento real respecto al presupuesto 2019.
Algo similar ocurre a los programas sociales asistenciales no evaluables, pasa con los proyectos de inversión emblemáticos como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya. Mientras no cuenten con estudios de rentabilidad social -como lo manda la ley de presupuesto- no hay nada que indique que estimularán el crecimiento.
El análisis concluyó que el elevado contenido electoral y aparentemente demagógico del presupuesto 2020, podría ser un pesado lastre para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el gobierno. Por ello, sugiere que para solucionar los problemas es de relevancia el acuerdo entre el gobierno y el sector privado para permitir y alentar la inversión de éste último en infraestructura.
