De acuerdo con encuestas siete de cada 10 personas en México estiman que los jueces son corruptos y 43% que el Poder Judicial es injusto
Especialistas urgieron a concretar una política y normas en los tribunales federales y estatales para transparentar las sentencias, así como las percepciones de los jueces.
En el Foro Internacional para Justicia Abierta llevado a cabo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México plantearon que el Poder Judicial en este país se desenvuelve en un contexto inédito en el que se impulsa una reforma entre acusaciones de corrupción, nepotismo y falta de transparencia.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, destacó la convocatoria del legislativo a los poderes Judicial y Ejecutivo de trabajar en conjunto para lograr una reforma judicial ante los serios cuestionamientos públicos de que es objeto.
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Ante ministros de la Suprema Corte, consejeros del INAI y especialistas internacionales, subrayó que el Poder Judicial en México vive esa coyuntura que, no obstante, tampoco es exclusiva de este país pues muchas naciones en América Latina enfrentan los mismos desafíos.
La representante del organismo citó que de acuerdo con encuestas siete de cada 10 personas en México estiman que los jueces son corruptos y 43% que el Poder Judicial es injusto.
Aseveró que el camino para reconstruir la confianza en ese poder del Estado pasa por una justicia abierta que garantice transparencia, con informe de calidad y relevante, incluidas las sentencias y remuneraciones de jueces y funcionarios.
A su vez Jorge Martínez Arreguín, consejero de la Judicatura capitalina, externó que la Justicia Abierta debe tener como ejes fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Aspectos, dijo, "que en su conjunto tienen como finalidad acercar a la o el justiciable a una justicia igualitaria y libre de discriminación”.
Recordó que el TSJ capitalino se pronunció por un proyecto con miras a democratizar sus decisiones administrativas, judiciales y financieras, así como a fortalecer la confianza y cercanía entre el impartidor de justicia y la sociedad.
