La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es un hecho, y pretende implementar una cultura de buena fe entre el gobierno y los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones.
Uno de los beneficios más anunciados por los legisladores es que las personas físicas o morales que se inscriban en el patrón único de fomento a la confianza ciudadana estarán exentos de ser verificados por la autoridad administrativa, pero ¿esto es cierto?
De acuerdo con el artículo 13 del decreto de ley, se suspenderán las actividades de vigilancia, inspección o verificación conforme a los convenios que celebre la Secretaría de Economía con las dependencias de la administración pública federal. Ello significa que la interrupción de visitas no será inmediata y cuando proceda solo aplicará para autoridades federales por lo que las inspecciones a nivel estatal o municipal seguirán realizándose.
Además el mismo precepto indica que se seguirían ejercitando facultades de comprobación en las siguientes materias:
- seguridad nacional
- protección civil
- seguridad de la población
- sanidad
- seguridad alimentaria
- inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal
- salud humana
- medio ambiente
- recursos naturales
- derechos e intereses del consumidor
- financiera
- armas de fuego y explosivos, y
- riesgos sanitarios
Bajo este escenario, resultan inciertos los beneficios a que serán acreedores los ciudadanos; queda esperar a que la ley en comento sea publicada en el DOF para ver de qué forma es implementada.
Este y otros aspectos se abordan en la nota “Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana” disponible en la edición 455 del 15 de enero de 2020, de venta en Sanborns en la República Mexicana y VIPS en CDMX y zona conurbana
