La ruta crítica que presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el impacto sanitario y económico por la pandemia de Covid-19, plantea los dos escenarios que tendría la economía mexicana de aplicarse o no estas medidas, donde se advierte que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser hasta del 10%, inflación del 10% y arrojar la pérdida de hasta un millón de empleos para el 2020, un escenario sin precedentes en México.
De acuerdo con el documento Medidas para enfrentar la contingencia económica Covid-19, Programa 90 días (abril, mayo y junio), del cual El Economista posee una copia, el CCE planteó: “suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social para lograr transitar los siguientes noventa días”. Sin embargo, las propuestas presentadas en abril fueron rechazadas por el Ejecutivo.
EL CCE propuso utilizar una caja actual del sector público y cambiar concepto de deuda neta por deuda bruta. “Esto libera 425,000 millones de pesos. Uso de fondos de estabilización por un total de 243,000 millones de pesos. Postergar el objetivo de finanzas públicas de 2020. Incremento temporal del nivel de endeudamiento hasta en 4% del PIB”, a fin de sufragar el gasto en salud, compensar caídas en ingreso y sentar las bases para la reactivación de la economía.
Los 12 organismos que aglutinan al sector empresarial y otros que forman parte de la comunidad extranjera, estimaron que de implementarse medidas como un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, u otras acciones que puedan ser acordadas entre las empresas y los trabajadores; sería necesario diferir el pago del 100% de las contribuciones a la seguridad social por tres meses, sin condonación. Y establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100,000 millones de pesos, para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con enfoque particular a mipymes, se podría llevar a que la economía pudiera caer 2.5% o quizá hasta 0% para 2020.
En el documento, el CCE mencionó que si se pausa la economía, se deberían pausar los cobros, entre privados, con el gobierno y contar con recursos para continuar programas sociales actuales.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del sector empresarial, estableció que si dicho convenio se convierte “en un Consejo Económico Permanente, que actúe coordinadamente entre gobierno, trabajadores, sector privado y sector social” para el periodo 2020-2024 y se pone en marcha de inmediato, se podrá transitar con éxito por la crisis que representará la pandemia.
“Así, se podrá llegar a la segunda mitad del gobierno con una perspectiva de crecimiento positiva y optimista”, dijo.
Otras de las propuestas que sugirió el empresariado, es un programa de infraestructura con fondos públicos y privados. Además de usar el remanente del crédito para asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura, y la definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética.
Se requiere preparar un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos, sustituyendo importaciones chinas hacia ese país. Y la depreciación acelerada para premiar nuevas inversiones.
Este programa forma parte de un decálogo que entregó el CCE al gobierno federal sobre propuestas puntuales para reactivar la economía y mantener la liquidez en el mercado financiero.
Empresarios de todos los sectores productivos, comerciales y de servicios pugnaron porque se les retornen los pagos pendientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a sus proveedores.
Con información de El Economista.
