acarrearía más riesgos que beneficios económicos.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.
Destacó que probablemente el ahorro no es mayúsculo y que por lo tanto no vale la pena, tomando en cuenta además el peligro de que el Senado proponga a los comisionados y los nombre el presidente. Esto significa que podrían nombrar a cualquier político que ellos consideren que cumple con los requisitos y convertir a la Cofece, IFT y la CRE en un órgano político y no técnico como lo son hoy.
Advirtió que la politización de estos órganos autónomos constitucionales a través de nombramientos a modo, destruiría un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados técnicos que inició con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
“Quien tenga ese poder en las manos debe ser una persona con una gran experiencia en la materia de competencia económica y, que tome decisiones colegiadas con un grupo de personas, pero con conocimientos técnicos y, sobre todo, recalcaría esta palabra: se requiere de técnicos y no de políticos en esos puestos”, añadió.
“El ahorro fue realmente menor, pero el costo de hacer todos los cambios y el estrés que le causaron a las instituciones fue muy grande y en México lo sería mayor cuando en estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos enfrentando un reto muy grande y poner a estas instituciones en un proceso de cambio para ahorrar una cantidad menor, no lo vemos justificado”, expresó.
El representante empresarial recordó que otros países adoptaron estas medidas con la premisa de la austeridad cuando sufría problemas de presupuesto, como ocurrió en España en 2013, cuando se integró la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que absorbió a la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria y se ahorraron más o menos unos 3 millones de euros.
