Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió que los costos de la electricidad no incrementarían más allá de la inflación, con el electrolinazo que impone cargos de transmisión eléctrica en más de 800%, cuyos costos del porteo se incrementan por más de 300 veces la inflación, acusó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El electrolinazo realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “es el nuevo ataque al Estado de Derecho y desprecio a la ley por parte de autoridades del sector energético en los últimos meses”, sostuvo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.
De acuerdo con los industriales, la medida adoptada por la CFE “viola, cuando menos, un par de promesas presidenciales”: contratos energéticos y costos de la energía, que impacta desde la empresa hasta el consumidor en los hogares.
El presidente López Obrador comprometió que su gobierno respetaría los contratos energéticos. Sin embargo, esta medida quebranta los contratos de interconexión celebrados por las sociedades de autoabastecimiento con la CFE, pues atropella la metodología ahí establecida para hacer cambios en las tarifas de porteo.
Además, en repetidas ocasiones, el jefe del Ejecutivo se comprometió que los costos de la electricidad no incrementarían más allá de la inflación.
Esto representa el incremento individual más grande de costos de transmisión del que haya registro. Como resultado, el costo de transmisión para energías renovables bajo el modelo de autoabastecimiento es ahora el más caro de todas las tarifas de transmisión de la que haya registro en México”, reprobó la industria nacional a través de un comunicado.
Estas medidas lastiman la competencia, la productividad y el empleo. Siendo la electricidad un insumo tan importante para la industria y el comercio del país, también representan una innecesaria afrenta a los consumidores mexicanos, que serán los afectados en última instancia.
El organismo que encabeza Francisco Cervantes afirmó que la medida adoptada por la CFE también viola las leyes mexicanas, ignora lo establecido en tratados internacionales y atropella los contratos de interconexión.
