El dinero que se registraría en un mes sería por 193 millones de pesos y en 12 meses sería un monto por 2,316.1 millones de pesos
Si el presidente del país y todos los burócratas que ocupan cargos de secretarios de estados, subsecretarios, directores, jefes de unidad y subdirectores de área, hicieran las aportaciones voluntarias a las arcas del gobierno, tal como sugirió la Oficialía Mayor a través de un oficio, el dinero que se registraría en un mes sería por 193 millones de pesos y en 12 meses sería un monto por 2,316.1 millones de pesos, lo que representaría apenas el 0.04% del gasto público estimado para este año.
Para dicho cálculo se utilizaron datos del analítico de plazas del presupuesto aprobado en 2020. Se consideraron los niveles clasificados en 00, G11, H11, J11, J21, J31, K11, K21, K31, L11, L21, L31, M11, M21, M22, M23, M31, M32, M33, N11, N21, N22, N23, N31, N32, N33, con lo que se identificaron un total 22,654 plazas.
En el caso del presidente, si aportara el 25% de su salario como recomienda el oficio número 307-A.-1205, en un mes aportaría 50,002 pesos y en un año serían 600,030 pesos. Entre los 18 secretarios de estados, si aportaran voluntariamente el 23% de su salario, se obtendrían recursos por 820,117 pesos en un mes y 9.84 millones de pesos en 12 meses.
Los subsecretarios de estado, la Oficialía Mayor y el equivalente a estos cargos se encontraron 83 plazas. Si cada uno de los servidores aportara el 21% de su salario, al mes se juntarían recursos por 3.40 millones de pesos y 40.9 millones de pesos en un año. Para los cargos de Jefatura de Unidad o el equivalente, se identificaron 359 plazas, si cada uno aportara el 19% de su salario, en un mes se tendrían recursos por 12.4 millones de pesos y en 12 meses 149.2 millones de pesos.
En las direcciones generales o el equivalente se hallaron 1,519 plazas, con lo que, si cada uno aportara el 17% de su sueldo, el gobierno percibiría recursos por 39.4 millones de pesos en un mes y 472.9 millones de pesos en 12 meses. En las direcciones adjuntas o su equivalente, se identificaron 1,714 plazas, si cada empleado aportara el 14% de su salario, al mes se registrarían recursos por 30.2 millones de pesos y al año 363.2 millones de pesos.
Con respecto a las direcciones de área o el equivalente, se registraron 6,938 plazas, si cada empleado aportara el 10% de su salario, el gobierno tendría 75.6 millones de pesos en un mes y 907.8 millones de pesos en 12 meses. Finalmente, en las subdirecciones de área o el equivalente a esa cargo, se encontraron 12,022 plazas, si cada trabajador aportara el 5% de su sueldo, al mes se tendrían recursos por 30.9 millones de pesos y 371.3 millones de pesos en 12 meses.
Se precariza el empleo del sector público
Rodolfo De la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) consideró que la estrategia del gobierno para obtener mayores ingresos ante la austeridad que él mismo estableció y la crisis que vive el país, no es la mejor manera.
Se está precarizando el empleo del sector público para favorecer proyectos como el de Dos Bocas o Tren Maya que es prioridad para esta administración. Se está desvalorizando el trabajo de las personas”.
Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey recordó que, además de esta medida que indirectamente obliga a los servidores públicos a hacer aportaciones de su salario, también tienen que esperar hasta 10 años para poder buscar un mejor empleo en el sector privado y trabajar en condiciones precarias.
“Con estas medidas se quiere desnatar a los servidores públicos que no están alineados con él, el simbolismo del mensaje es: estás conmigo o en contra de mi”, expresó Tenorio.
De la Torre comentó que los recursos que se obtengan por las aportaciones voluntarias no tienen un efecto sustantivo sobre las finanzas públicas. “Lo que sí muestra es cierta desesperación en cuanto a los recursos disponibles del sector público están cayendo cada vez más y no se están considerando buenas opciones”.
Tenorio coincidió en que hay una precarización hacia el sector público y que ello podría generar eventualmente actos de corrupción. “Es un incentivo para eventuales actos de corrupción, si tienen menos dinero podrían incurrir a actos de corrupción para completar gastos que se tenían antes. Además, es posible que también reduzca la capacidad técnica de muchas áreas dentro de las dependencias públicas”.
Con información de El Economista.
