Se presentó en el Senado una iniciativa para incrementar de cinco a ocho años la pena mínima de prisión y de ocho a 10 años la sanción máxima de cárcel, por venta incompleta de combustibles.
La senadora Rocío Abreu Artiñano formalizó su proyecto para frenar la venta de litros incompletos de gasolinas, diésel, gas LP o natural, uno de los ilícitos más arraigados en México que permite, solo a las gasolineras, una ganancia ilegal de 12,000 millones de pesos al año.
El proyecto, que modifica el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, plantea que la Procuraduría Federal del Consumidor verificará periodos trimestrales los instrumentos de medición en estaciones de servicio de hidrocarburos para una óptima comercialización.
Si el responsable es el dueño de la franquicia, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, sugirió Abreu Artiñano, también debe imponerse como sanción la revocación del permiso respectivo, y, en su caso, la disolución y la liquidación de la sociedad, así como el decomiso de activos.
La legisladora de Morena destacó que de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, el producto no entregado a los consumidores en las estaciones de servicio alcanza un millón 736,000 litros, lo que equivale a 34 millones 477,000 pesos diarios.
Rocío Abreu afirmó que a pesar de los esfuerzo para erradicar estos ilícitos, en un informe de la Profeco se estima que 11% de las gasolineras que despachan en México venden litros incompletos del combustible.
La iniciativa fue turnada de manera directa a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
