No obstante a lo ocurrido en otras materias, el cumplimiento de las obligaciones antilavado no tuvo suspensión de términos durante el etapa critica de la emergencia sanitaria.
Esto se debe a que la prevención del lavado de dinero ha tenido un importante auge durante la actual administración, pues lo que se busca es cumplir con todas las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional en la evaluación de 2018.
En nuestro capítulo 5 de #BrújulaLegal pordrás escuchar nuestro podcast “Regularización antilavado en tiempos de COVID-19” para conocer toda la información. Sigue todos nuestros contenidos multimedia en Youtube, Spotify y Anchor.
Así, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT son más estrictos en verificar la observancia de los deberes previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), imponiendo sanciones a todos aquellos que los omitan, o bien, los realicen extemporáneamente.
Por tal motivo, ahora más que nunca los sujetos obligados deben modificar sus esquemas de cumplimiento para que se ajusten a cualquier situación y no sean acreedores a las elevadas multas que establece la LFPIORPI.
Sin embargo, en vista de las extraordinarias circunstancias que trajo consigo la pandemia por COVID-19, la UIF mostró un poco de flexibilidad al anunciar la implementación de un programa para regularizar el cumplimiento de obligaciones que se hubiese visto afectado con la emergencia.
Cabe destacar que este programa tiene distintos asegunes, de los cuales deben estar muy conscientes los interesados para evitar enfrentamientos con la autoridad.
Para saber todas las medidas que se deben adoptar para atender los deberes antilavado ante este fenómeno sanitario, así como los detalles del programa de regularización, invitamos a leer la nota “Regularización antilavado en tiempos de COVID 19” de la edición 471, disponible digitalmente.
