¿Paquete económico traerá varios cambios a la Ley Federal de Derechos?

Detalles de la propuesta de reforma que se discutirá en el Congreso de la Unión

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 .  (Foto: iStock)

Como cada año se presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, mismo que plantea varias modificaciones a las disposiciones fiscales, pero también a la Ley Federal de Derechos.

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Por tal motivo a continuación, se muestran los cambios más importantes que se discutirán en los próximos días.

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Servicios migratorios

Se busca eliminar el actual beneficio con el que cuentan los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen por vía terrestre al país para que no se les cobre derecho alguno por el trámite de su documento migratorio.

Pasaportes

Los pasaportes que se expidan de emergencia tendrían un costo del 30 % adicional al costo de expedición de los pasaportes ordinarios.

Infraestructura de la calidad

Se establece el cobro de derechos por $11,775.99 por la recepción y el estudio de la solicitud, dictamen y, en su caso, la autorización de prórroga de etiquetado de productos por inexactitud de datos. Cabe señalar que este trámite actualmente no tiene costo.

Asimismo, se adiciona el cobro por el servicio de aprobación de organismos de certificación, unidades de inspección, laboratorios de prueba o laboratorios de calibración, para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas. 

Áreas naturales protegidas

Se plantean varias adecuaciones a los montos de los derechos por el uso o aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, incluyendo para tal efecto, los términos de vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas como parámetros para la determinación los costos. 

Minería

Se puntualiza que los adquirentes de derechos derivados de una concesión minera son sujetos al pago del derecho especial y extraordinario sobre minería por la obtención de ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. 

Lo anterior, toda vez que actualmente los titulares de concesiones mineras ceden o pactan la actividad extractiva a una persona distinta que no es titular de la concesión, argumentando que no tienen ingresos derivados de la enajenación o venta de esa actividad.