“Llevar a los hoy órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado eliminaría el sentido técnico de las decisiones para convertirlas en disposiciones políticas, tornándose en un gran retroceso para el posicionamiento del país en materia de regulación, evaluación y control en temas muy relevantes como telecomunicaciones y radiodifusión, la competencia económica y la transparencia, con respecto a las tendencias democráticas en el concierto mundial”, advirtió la International Chamber of Commerce (ICC).
Explicó que llevar los OCA’s (órganos constitucionales autónomos) al seno de las secretarías de Estado es tanto como convertirlos en órganos políticos y perdería su razón de ser que es tomar decisiones técnicas.
LEE: ¿LLEGÓ EL FIN DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS?
En ese sentido, destacó que requieren recursos humanos especializados, su nómina salarial no es gasto corriente, es inversión en capital humano-necesaria para el país.
“De hecho, la existencia de los órganos autónomos ha venido a impulsar en México la división de poderes, el equilibrio y apego al orden constitucional y el conocimiento en la toma de decisiones. Y su riqueza está en que, a pesar de formar parte del Estado, son un contrapeso para evitar la toma de decisiones interesadas que perjudiquen a la mayoría de los ciudadanos”, detalló.
Por su parte, el Consejo Coordinador empresarial señaló que los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de sectores económicos formales restan estabilidad al ya de por sí difícil panorama económico del país.
“En el sector empresarial nos preocupan algunas expresiones recientes de las autoridades, que estigmatizan a sectores económicos formales, que son generadores de empleo, invierten en el país y pagan impuestos que financian el gasto público en salud, educación y seguridad. En particular, en lo que se refiere a las empresas de energías renovables y a la actividad minera”, denunció.
Abundó que las empresas generadoras de energías renovables, lo hacen dentro del marco legal y aportan energía barata, limpia y eficiente para los consumidores mexicanos, permitiéndonos también avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia medio ambiental.
A su vez, las concesiones mineras son autorizaciones legales, donde empresas invierten capital, asumen riesgos, generan empleo formal de calidad y bien remunerado y aportan enormes cantidades de impuestos y regalías de las que el Gobierno dispone como gasto público.
“En momentos tan difíciles para nuestro país, en que todos deberíamos estar buscando alternativas para impulsar la actividad económica, en poco abona el ataque a sectores productivos importantes y el demérito al trabajo del sector privado formal, que ha tenido que sobrellevar una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos sosteniendo las plantillas laborales”, concluyó.
