Desde hace varios años a nivel mundial se inició un combate frontal en contra de la piratería, la cual constituye uno de los principales delitos en contra de la propiedad intelectual y que es una de las mayores fuentes de ingreso para la delincuencia organizada a nivel mundial junto con lo que es el tráfico de estupefacientes, narcóticos, armas y personas.
Parte de su atractivo se debe en gran medida a que las personas no suelen relacionar en muchos escenarios esta práctica con una conducta delictiva. Es común que los consumidores cuestionen a las casas editoriales o estudios cinematográficos y distribuidores por ofertar productos a tan altos precios y recurran al mercado informal para adquirir productos “similares” a un menor costo.
Sin embargo, esos “artículos casi idénticos” implican un menoscabo a la economía formal y a la innovación, toda vez que los autores o generadores de esos productos ven como sus ideas no son respetadas al ser explotadas sin autorización y las ganancias terminan en individuos que reprodujeron ilegalmente sus obras.
El caso de las “películas piratas” es por todos conocido que eran vendidas en mercados o en las calles de las ciudades alrededor del mundo. La llegada de las plataformas de streaming significó un duro golpe para esa industria ilegal, ya que ahora en un portal de Internet es posible encontrar cientos de títulos a un precio más accesible y de manera legal y sencilla.
No obstante, la delincuencia organizada también “migró a la era digital” y han aparecido cientos de plataformas ilegales en el ciberespacio. Su persecución ha sido un gran dilema para las autoridades debido a los problemas de jurisdicción al ubicarse en diferentes países los servidores, dominios e individuos que facilitan y consumen los productos piratas.
Recientemente en países como Francia y España se han endurecido las medidas en contra de estos sitios y portales, bloqueando el acceso a estos y buscando sancionar a los responsables. Las plataformas de streaming y las de IPTV (televisión por protocolo de Internet, que transmiten el servicio por medio de banda ancha) se han vuelto indispensables dentro de los cierres que ha ocasionado la pandemia, pero también aquellos que son ilegales. Sin embargo, si se recurre a estos últimos habrá que ser conscientes que se trata de una actividad ilícita y pueden existir repercusiones por ello.
Para ello, se invita a la lectura de ¿(Ciber)delincuencia organizada? y Piratería 2.0 donde se detallan las consecuencias de estos hechos.
