Previo a las elecciones del pasado 6 de junio, la prensa internacional manifestó su preocupación por lo que podría pasar si el partido del gobierno mantuviera sus mayorías en el Congreso, después de todas las iniciativas presentadas y leyes modificadas a favor de su programa de la 4T.
Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo de manera ordenada y eficaz. Ello en buena parte gracias a la aplaudible capacidad del organismo electoral -mismo que el presidente ha expresado su deseo de eliminar-, para organizar el proceso más grande de la historia del país, en el que se disputaron más de 21,000 cargos, se renovaron los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y 30 congresos estatales y se eligieron 15 gobernadores.
Las elecciones intermedias resultaron positivas por la significativa participación y la tranquilidad en que transcurrió la jornada electoral. Esto podría considerarse un importante logro dada la división de la sociedad en la actualidad, relacionada con el discurso oficial que acentúa el antagonismo entre los que tienen más y los que tienen menos, que pudo haber sido causa de violencia en la jornada electoral.
Los resultados muestran que, si bien el partido en el poder con sus aliados mantuvo la mayoría absoluta (250 más 1) en la Cámara de Diputados, perdió un número importante de curules. Ello debilita de alguna manera el poder en la legislatura del Ejecutivo.
"Por sí solo, Morena no llegará a dicha mayoría y tendrá que volver a depender de sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM) para lograrla, quienes probablemente no serán tan incondicionales como hasta ahora han sido", indica el Ceesp.Sobre la base de lo anterior, se pueden identificar cuatro categorías de cambios legales (iniciativas, propuestas o ideas legislativas) que serán más difíciles para que se lleven a cabo como consecuencia de los resultados electorales.
- Leyes ya aprobadas pero incongruentes con la constitución. En este grupo están principalmente las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, que fueron aprobadas con mayoría simple pero que, por las acciones jurídicas en su contra, el presidente ha expresado su intención de elevarlas a rango constitucional, a fin de asegurar su prevalencia en caso de que el Poder Judicial resuelva su inconstitucionalidad
- Iniciativas legislativas que sí requieren cambios a la constitución. Existen algunas iniciativas legislativas, la mayoría de ellas formuladas por miembros del partido en el poder, que buscan modificar la constitución. Por ejemplo, la reforma para ampliar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16, creando una tercera sala en materia anticorrupción integrada con cinco nuevos ministros
- Iniciativas que no plantean en principio cambios constitucionales pero que en caso de aprobarse (con mayoría simple) es probable que se sometan a controversia constitucional, como la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, con la que Morena busca acotar el principal medio de defensa contra leyes y actos emanados de la autoridad, e impedir que el Poder Judicial suspenda obras y proyectos de infraestructura del gobierno federal. Tiene el objetivo de “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”
- Ideas y propuestas que, si se convierten en iniciativas, requieren de cambios constitucionales para su aprobación. En este grupo se encuentran la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea absorbido por el Poder Judicial, y cambios en la estructura de su consejo general y modificaciones en sus funciones particulares, entre otros; así como la que pretende reformar los organismos autónomos constitucionales para que sean absorbidos por dependencias federales, eliminando su autonomía
