Desde hace varios años se ha construido en México, tanto en la doctrina como en la práctica los diferentes aspectos de la responsabilidad penal que pudieran tener las empresas. Si bien se ha partido de que estos entes son ficciones jurídicas y como tal su participación en hechos delictivos sería relativa, ya no es así, pues estos han servido como vehículos o medios para la comisión de delitos y por ello pueden ser responsables de la comisión de ciertos delitos, así como las personas físicas que las integran o representan.
El 20 de julio de 2021, un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso penal a la empresa Audi Center Santa Fe, esto a solicitud del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Cuajimalpa, por el delito de fraude.
En diciembre de 2020, se dieron a conocer diversos casos de fraudes cometidos por empleados de dicha agencia, quienes engañaban a los clientes que acudían a comprar o vender autos, tanto en el área de vehículos nuevos como de seminuevos.
Durante los próximos cuatro meses, la empresa estará bajo investigación criminal. Las consecuencias jurídicas que pudiera enfrentar van desde la suspensión de actividades hasta la disolución de la persona moral. Lo anterior, con independencia de las sanciones que se les podría imponer eventualmente a sus empleados.
Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, las empresas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.
Por ello, es que tanto las personas físicas como jurídicas deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones e implementar medidas de control y de prevención para evitar este tipo de situaciones. En el apartado de Jurídico Corporativo de nuestro portal puede encontrar información de utilidad para los interesados.
