La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó las recomendaciones que indican la necesidad de derogar la figura de prisión preventiva oficiosa (PPO) del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera o el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la PPO y que la mayoría señaló su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
"Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década", señaló Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la ONU-DH.
Refirió que diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Conforme a su mandato, la ONU-DH seguirá trabajando para que las autoridades competentes eliminen toda forma arbitraria de privación de la libertad y reitera su compromiso de continuar alentando y asistiendo técnicamente al Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
