De los 136 artículos que componen la Carta Magna, 117 han sido objeto de reformas
La Constitución experimenta una metamorfosis constante, desde su promulgación en 1917 hasta el 1 de febrero de 2024, se gestaron 256 reformas constitucionales, dando lugar a cambios significativos en 770 ocasiones en diversos artículos.
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez (IBD), en el documento titulado "Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia", el investigador César Alejandro Giles Navarro precisó que de los 136 artículos que componen la Carta Magna, 117 han sido objeto de reformas, mientras que 19 permanecen inalterados.
El estudio destaca que en los últimos 24 años del siglo XX, se aprobaron 66 reformas constitucionales con el predominio de una fuerza política.
Sin embargo, en los primeros 24 años del siglo XXI, se avalaron 106 con el consenso de diversas fuerzas políticas, evidenciando un cambio hacia la negociación o al menos hacia el consenso entre legisladores.
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¿Quién reformó más la Constitución?
El periodo que más reformas concentra es el correspondiente del 2000 al 2024 tan solo en estos últimos años de las 106 reformas aprobadas solo 56 provinieron del Ejecutivo.
En cuanto a la administración actual, el presidente López Obrador envió 10 iniciativas de reforma constitucional al Congreso hasta el 1 de febrero de 2024.
Según datos de la Cámara de Diputados el listado de artículos reformados por administración es el siguiente:
- Andrés Manuel López Obrador: 61 (hasta el 24 de enero de 2024)
- Enrique Peña Nieto: 156
- Felipe Calderón: 110
- Vicente Fox: 31
- Ernesto Zedillo: 78
- Carlos Salinas: 55
- Miguel de la Madrid: 66
- José López Portillo: 34
- Luis Echeverría: 40
- Gustavo Díaz Ordaz: 11
- Adolfo Ruiz Cortines: 2
- Miguel Alemán: 20
- Manuel Ávila Camacho: 18
- Lázaro Cárdenas: 15
- Abelardo L. Rodríguez: 22
- Pascual Ortiz Rubio: 4
- Emilio Portes Gil: 2
- Plutarco Elías Calles: 18
- Álvaro Obregón: 8
Según el estudio del IBD, los cambios más recientes surgen para atender las demandas de la sociedad, brindar respaldo jurídico a los programas gubernamentales y establecer principios rectores que correspondan al nuevo paradigma social.
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