En una sesión marcada por el debate y la discrepancia, el Senado de la República aprobó, en lo general, con 69 votos a favor y 42 en contra, la reforma a la Ley de Amparo. Esta medida, que busca modificar el proceso de resolución de juicios de amparo, generó opiniones divididas tanto dentro como fuera de la cámara legislativa.
El proyecto de reforma tiene como objetivo principal evitar lo que se demonimó como "la dictadura de la toga", según explicó el senador Ricardo Monreal Ávila. Se busca reducir la discrecionalidad de los jueces en la aplicación de suspensiones, especialmente en casos que involucren la inconstitucionalidad de normas generales.
Una de las principales modificaciones contempladas en el dictamen es que, en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, las suspensiones dictadas no fijarán efectos generales en ningún caso. Esta medida pretende garantizar el respeto a la separación de poderes y al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
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El debate en el Senado giró en torno a la eliminación de la posibilidad de que los ciudadanos puedan defenderse de decisiones de la autoridad, según señalaron miembros de partidos de oposición como el PAN, PRI, PRD y MC.
Argumentaron que esta reforma podría desproteger a los ciudadanos más vulnerables al limitar su acceso a la justicia federal.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, defendió la reforma asegurando que no se están afectando derechos ni haciendo una regresión en las garantías. Afirmó que el objetivo es alinear las leyes reglamentarias con la Constitución y evitar la discrecionalidad en la aplicación de suspensiones por parte de los jueces.
Las voces disidentes no se hicieron esperar. El senador Julen Rementería del Puerto del PAN presentó una moción suspensiva al dictamen, argumentando que la reforma representa un abuso y limita el acceso a la justicia federal. Sin embargo, la moción fue rechazada por el Pleno con 67 votos en contra y 43 a favor.
La discusión también involucró opiniones de diversos sectores políticos y sociales. Mientras algunos senadores de Morena defendieron la medida como un avance en la lucha contra la discrecionalidad judicial, otros criticaron la posible vulneración de los derechos ciudadanos y la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
Tras la aprobación en lo general, los senadores pasaron a discutir las reservas para modificar el dictamen, presentadas por senadores de diferentes fracciones parlamentarias.
La reforma a la Ley de Amparo fue devuelta a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
