El Congreso de la Ciudad de México avaló una reforma que limita los incrementos en las rentas de vivienda, a fin de evitar el acelerado aumento de los costos de arrendamiento y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los capitalinos.
El pleno aprobó con 57 votos a favor el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Planeación del Desarrollo, que modifica diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
Protección del Derecho a la Vivienda
El dictamen, impulsado por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la comisión dictaminadora, se centra en la idea de que la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho constitucional.
En ese sentido, la reforma establece que el aumento en las rentas de vivienda no podrá exceder la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. Esta medida busca proteger a los inquilinos de incrementos desmedidos en los precios de arrendamiento, una situación que ha afectado de manera creciente a las familias capitalinas en los últimos años.
Según datos presentados en el Congreso, entre 2013 y 2019, los costos de arrendamiento en la Ciudad de México aumentaron hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que resultó en una presión significativa sobre los ingresos familiares y desplazó a miles de personas.
Para enfrentar esta situación, la reforma también contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, lo que permitirá un mayor control y transparencia en el mercado de renta de viviendas.
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Producción pública de vivienda
Otro de los puntos clave de la reforma es la modificación a la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que añade como uno de sus objetivos el garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible.
Esta disposición se orienta a atender a las personas de menores ingresos, mediante la construcción de vivienda con recursos públicos. La propuesta incluye la firma de acuerdos y convenios con los sectores social y privado para ampliar el acceso a la vivienda, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad como trabajadores, madres solteras, y jóvenes de entre 18 y 35 años.
Durante el debate en el pleno, varios diputados destacaron la importancia de estas medidas, por ejemplo, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) subrayó que "la vivienda no es un lujo, es un derecho que debemos garantizar", haciendo eco del consenso sobre la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario para evitar que la falta de acceso a vivienda genere pobreza y desigualdad.
En la misma línea, el legislador Víctor Hugo Lobo Román (Asociación Parlamentaria Democrática Progresista) señaló que la reforma mejorará la vida de los millones de capitalinos que viven en arrendamiento, garantizando que cuenten con una vivienda adecuada y asequible.
Sin embargo, no todos los legisladores compartieron el optimismo respecto a la reforma. El diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) afirmó que la propuesta visibiliza, pero no atiende de raíz la problemática de la vivienda en la capital.
Según Torres González, actualmente existen dos millones 700 mil viviendas, pero hacen falta 800 mil más para satisfacer la demanda, lo que requiere una política que incentive la construcción de viviendas accesibles.
La diputada Gabriela Salido Magos (PAN) también advirtió que, si bien la propuesta plantea un tope en la renta, aún quedan muchas acciones por realizar para resolver de fondo el problema habitacional en la Ciudad de México.
Este sentimiento fue compartido por otros legisladores que, si bien apoyaron la reforma, insistieron en la necesidad de un seguimiento riguroso para asegurar su correcta implementación y efectividad.
Finalmente, la diputada María de Lourdes Paz Reyes (PT) destacó que la reforma permitirá instrumentar mecanismos que garanticen la oferta de vivienda en alquiler, con énfasis en la población vulnerable.
