La reforma aprobada contempla un cambio radical en la forma de elección de los jueces y magistrados en México
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, la reforma al Poder Judicial. En una sesión extraordinaria celebrada en la “Sala de Armas”, sede alterna que se habilitó para realizar la discusión, el dictamen fue avalado por una mayoría calificada, con 359 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención en lo general.
Tras más de 18 horas de discusión los legisladores avalaron con 357 votos a favor, 130 en contra el dictamen en lo particular.
El proyecto de reforma fue turnado al Senado para continuar su proceso legislativo, análisis y eventual aprobación.
El documento propone modificaciones a la estructura y funcionamiento de los encargados de impartir justicia en las salas mexicanas, situación que derivó en manifestaciones de estudiantes, académicos y trabajadores del poder judicial.
No obstante, los grupos parlamentarios encabezados por Morena hicieron oídos sordos de las demandas y solicitudes de los manifestantes.
Principales modificaciones aprobada
La reforma aprobada contempla un cambio radical en la forma de elección de los jueces y magistrados en México. De acuerdo con lo discutido en la sesión, se establece un proceso de elección por voto popular para los cargos de magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este proceso será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que introduce un elemento democrático directo en la selección de altos funcionarios judiciales, algo sin precedentes en la historia reciente del país.
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Otra de las modificaciones clave es la reducción en el número de integrantes de la SCJN, de 11 a 9 ministras y ministros, quienes tendrán un mandato de 12 años.
Según los promotores de la reforma, la medida agiliza la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en la administración de justicia.
Además, se impone un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes emitan sentencias. En caso de no cumplir con este plazo, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá ser notificado y se requerirá una justificación detallada. Si se trata de tribunales administrativos, el aviso se dará al Órgano Interno de Control.
Procedimientos y nuevos órganos
La reforma también establece un nuevo procedimiento para la elección de los miembros de la SCJN, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
En cuanto a la administración y control interno del Tribunal Electoral, estas funciones recaerán en el Órgano de Administración Judicial, el cual gozará de independencia técnica y de gestión. Este órgano será responsable, además, de la administración de la carrera judicial y del control interno del Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial, por su parte, jugará un papel central en la nueva estructura, con facultades para investigar y sancionar a servidores públicos del Poder Judicial que incurran en actos contrarios a la ley o que afecten la adecuada administración de justicia. Este tribunal también resolverá conflictos entre el Poder Judicial y sus servidores, así como disputas entre la SCJN y sus empleados.
¿Y la oposición?
La aprobación en lo general del dictamen no estuvo exenta de controversia. Durante la sesión, se presentaron dos mociones suspensivas, una a cargo del diputado Germán Martínez Cázares (PAN) y otra por Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (MC), quienes argumentaron la necesidad de detener el procedimiento y ampliar el diálogo sobre la reforma.
Sin embargo, ambas mociones fueron desechadas en votación económica por la mayoría del Pleno.
Con la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados se prepara ahora para la discusión en lo particular de los artículos del proyecto de decreto, donde se han presentado propuestas de modificación a la totalidad de los artículos y a los transitorios.
La discusión en lo particular será crucial para determinar el alcance final de esta reforma y su impacto en el sistema de justicia del país.
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