La responsabilidad patrimonial del Estado implica que el gobierno debe responder y compensar a los particulares por los daños que sus acciones, omisiones o errores les causen. Esta responsabilidad se fundamenta en el principio de que el Estado debe actuar de manera correcta y justa, y cuando no lo hace, está obligado a reparar los daños generados a los ciudadanos.
El artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece los criterios para determinar la indemnización que debe otorgarse a los particulares, tomando como base el salario mínimo general diario.
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Qué dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Este salario varía según la región; sin embargo, el Pleno Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicando el principio pro persona interpretó este artículo para identificar el salario más alto como la referencia justa para calcular la indemnización, como se muestra en la siguiente tesis:
