En total, se emitieron 127 votos, 86 a favor y 41 en contra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que requería el proyecto
Pese a las protestas registradas en el Senado de la República, legisladores avalaron la reforma al poder judicial gracias a 86 votos a favor provenientes de Morena, PVEM, PT y Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requería para su aprobación.
En total, se emitieron 127 votos, 86 a favor y 41 en contra, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, felicitó a la asamblea y a los dos minutos de iniciado el 11 de septiembre, celebró el aval del será la nueva legislación en materia de justicia.
Tras 12 horas de discusión y con una suspensión derivada de un "portazo" en las instalaciones en el Senado por parte de manifestantes, el debate del dictamen se llevó a cabo en una sede alterna.
La reforma del Poder Judicial es una de las iniciativas más analizadas y debatidas por parte de abogados, especialistas y académicos y su camino no termina con la aprobación en la Cámara alta y baja, ahora el proyecto deberá tener el aval de 17 de los 32 Congresos locales para su correcta implementación.
En la discusión a favor y en contra del dictamen, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, destacó que la verdadera aportación de la Cuarta Transformación es la democracia, porque esta reforma da la posibilidad de que los mexicanos tengan el control sobre un Poder que debe servirles “y no servirse así mismo”.
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Por Acción Nacional, Gina Gerardina Campuzano González insistió en que la reforma planteada no es sólo irresponsable, sino “profundamente peligrosa”, pues bajo el argumento de la modernización busca desmantelar la estructura del sistema judicial, la cual debe ser independiente y fortalecida para proteger los derechos de todos los mexicanos.
Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para preguntarle al pueblo de México si quiere una reforma al Poder Judicial. En ese sentido, aseguró que las y los mexicanos no quieren esta propuesta, sino seguridad, certidumbre y paz.
A favor de la reforma, Waldo Fernández González, del PVEM, dijo que desde hace 100 años existen los mismos reclamos en el país de gente que está “harta de tener jueces incapaces y corruptos”; además, subrayó que el actual sistema de justicia revictimiza a los mexicanos, por lo que hoy se busca una “transformación profunda” de este Poder de la Unión.
Geovanna Bañuelos de la Torre reiteró el voto a favor de su bancada, el PT, para responder a familias que “reclaman justicia” y asisten a los tribunales, pero no encuentran ahí más que “ceguera y sordera” a sus demandas; también sostuvo que la aprobación de esta enmienda constitucional es profunda, ya que impulsa la “refundación de la República”.
De Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, expresó que el relevo de las personas juzgadoras que plantea la reforma es inaceptable y va a llevar a México a un litigio internacional, “que no se merece el próximo gobierno”.
¿Qué dice la reforma al poder judicial?
El proyecto de decreto define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.
También elimina el Consejo de la Judicatura Federal, en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la SCJN.
Además, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistraturas elegidas también mediante voto popular, lo que le otorgará legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones.
Dicho Tribunal tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las y los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.
El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el presidente.
Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
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