El principio de progresividad, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo garantizar el avance en la protección y efectividad de los derechos humanos de las personas. En este marco, la vertiente de no regresividad implica la prohibición de retrocesos en la protección de estos derechos; es decir, no se deben reducir ni limitar los derechos ya alcanzados, salvo en casos excepcionales.
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Para evaluar posibles violaciones a la prohibición de regresividad, los tribunales han establecido diversas metodologías. Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la metodología aplicable para examinar la prohibición de regresividad en actos legislativos, como se detalla en el siguiente criterio:
Sin duda, el criterio emitido por la Corte ayuda a entender cómo el Estado debe respetar y, de ser posible, mejorar la protección de los derechos humanos ya alcanzada.
