El pasado 27 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de  México derogó el Artículo 291 Bis del Código Fiscal, medida que ha generado gran preocupación  debido a sus implicaciones ambientales, sociales y económicas. 

De acuerdo con la paisajista Fernanda Riona, este artículo había otorgado incentivos fiscales cruciales para el mantenimiento y la rehabilitación de áreas verdes, y su  eliminación pone en riesgo la infraestructura ecológica que tanto ha costado construir en nuestra  capital. 

Explicó que desde su implementación en 2018, el Artículo 291 Bis permitió que más de 170 hectáreas de áreas  verdes fueran mantenidas y mejoradas, fomentando la corresponsabilidad entre ciudadanía y  gobierno para enfrentar problemas como la crisis hídrica y el deterioro de la infraestructura urbana. 

“A través de este programa, se  lograron importantes avances como la instalación de vegetación sostenible, sistemas de infiltración  de agua pluvial y la rehabilitación de espacios públicos, además de la creación de más de 3,000  empleos directos en sectores como jardinería, paisajismo y gestión ambiental. Con la derogación de  este artículo, nos enfrentamos a la pérdida de estos logros”, destacó. 

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Explicó que el impacto de estas decisiones no solo afecta a los trabajadores, sino a la propia calidad de vida de  los habitantes de la Ciudad de México. Las áreas verdes juegan un papel esencial en la mejora de la  calidad del aire, la regulación de la temperatura y la promoción del bienestar físico, mental y  emocional de la comunidad.  

“La arquitectura de paisaje, que integra estos espacios dentro del diseño urbano, debe ser  reconocida como una disciplina fundamental para la sostenibilidad de nuestras ciudades. La  eliminación de políticas públicas que fomentan el cuidado de estas áreas demuestra una falta de  visión a largo plazo en el manejo del espacio urbano y podría llegar a olvidar el papel estratégico  que juega la arquitectura de paisaje en la Ciudad de México”, advirtió Rionda. 

Por otro lado, destacó que la situación se agrava aún más con los despidos masivos de trabajadores encargados del  mantenimiento de áreas verdes, quienes han sido despedidos repentinamente por las empresas  contratistas debido a la falta de recursos derivados de la desaparición de estos incentivos fiscales.  Muchos de estos trabajadores son personas de la tercera edad y madres solteras, quienes han  quedado desprotegidos tras el cierre de estos programas vitales. 

“Es necesario que la Ciudad de México reconsidere estas  medidas y trabaje en la implementación de políticas que fortalezcan la conservación y expansión de  nuestras áreas verdes, distribuyéndolas de manera más equitativa y accesible para todos. Las áreas  verdes no son un lujo, son un derecho de todos los habitantes de nuestra querida urbe”, concluyó. 

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