Con la finalidad de generar un mejor protocolo para combatir el delito de desaparición, el gobierno anunció una serie de cambios a las legislaciones 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, para atender de manera prioritaria el problema de personas desparecidas en nuestro país, implementará una serie de medidas y reformas. 

Resaltó que la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y al bienestar, se requiere de la máxima atención, por lo que su administración trabaja en coordinación con los tres órdenes de gobierno, actuando con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o seres queridos.

“Cada autoridad estatal, municipal, federal, Fiscalías, Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad”, afirmó.

No obstante, las acciones inmediatas de la autoridad son: 

1.La firma de un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas.

2. Presentación de una iniciativa de reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población (RENAPO) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)

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3. Presentación de una iniciativa de reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para:

• Crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal

• Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso, a personas fallecidas

• Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de Instituciones Científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las Comisiones estatales de Búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital

4. Incorporar protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República

5. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal

6. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

7. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida

Por último, aseguró que el eje principal del Gobierno de México está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de paz y la atención a las víctimas, y siempre la verdad y la justicia, ante ello, se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos necesarios junto a todos los gobernadores, para atender este delito; atender a las víctimas y fortalecerlas Comisiones de Búsqueda, así las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

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