La ley elimina bloqueos a plataformas, regula el espectro y busca garantizar acceso universal a internet y derechos de usuarios y audiencias
La Cámara de Senadores aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, remitiéndola a la Cámara de Diputados. Esta ley busca fortalecer a los medios comunitarios, indígenas y públicos, garantizando un acceso multicultural a la radiodifusión y los derechos humanos. Cumple con el Decreto del 20 de diciembre de 2024, que exigía una ley secundaria en telecomunicaciones.
El documento integra aportaciones de expertos y organizaciones. Fue aprobado con 77 votos a favor y 30 en contra en lo general. En lo particular, se aceptó una reserva para que la comisión ordene la suspensión precautoria de transmisiones que violen la ley. Se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) usará sus recursos para indemnizaciones a servidores públicos con estabilidad laboral tras la extinción del IFT. Otras reservas presentadas por senadores de varios partidos no fueron aceptadas.
¿En qué consiste la nueva ley?
La nueva ley elimina la atribución de bloquear plataformas digitales, modificó la difusión de contenidos de gobiernos extranjeros para permitir índole cultural, deportiva y turística, y regula el uso del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, acceso a infraestructura, recursos orbitales, comunicación satelital y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Con 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, la ley detalla los derechos de usuarios y audiencias, y busca garantizar el desarrollo eficiente de los sectores para el ejercicio de los derechos constitucionales.
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Opiniones encontradas
Varios senadores y figuras políticas expresaron su preocupación por la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, argumentando que atenta contra la libertad de expresión, la privacidad y los derechos ciudadanos.
Imelda Sanmiguel Sánchez criticó la ley por su control indebido de los medios y la falta de participación ciudadana, señalando la preocupación por el seguimiento en tiempo real de usuarios y la solicitud de datos biométricos.
Michel González Márquez, denunció que la ley permite la geolocalización sin orden judicial y la suspensión de transmisiones sin criterios claros, lo que podría usarse para silenciar críticas.
Ricardo Anaya también hizo alusión al tema de la geolocalización, destacando que, aunque se eliminaron algunos artículos problemáticos debido a la presión ciudadana, persisten el artículo 183, que permite dicha accón en tiempo real. También mencionó la ampliación de la suspensión de transmisiones, lo que se califica como "Estado espía" y censura.
Gustavo Sánchez Vásquez lamentó que, a pesar de sostener los conversatorios con expertos, la propuesta actual ignora casi todas las aportaciones, y criticó la eliminación de un órgano constitucional autónomo en telecomunicaciones para dejarlo en manos de una persona, lo que sugiere que las órdenes provienen del Poder Ejecutivo.
Las opiniones previamente mencionadas provinieron de la bancada del PAN. Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, argumentó que el proyecto es un intento de suprimir la libertad de expresión e imponer el autoritarismo digital. Afirmó que, a pesar de las modificaciones, el dictamen mantiene una lógica de control, vigilancia, simulación y censura, lo que permitiría al gobierno silenciar a cualquier medio que lo contradiga.
No obstante, desde el Senado se sostuvo que la reforma fue modificada tras el reclamo ciudadano y la apertura a diversas voces, eliminando facultades excesivas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bajo esta perspectiva, se destacó que la ley es un paso fundamental para un México más inclusivo y conectado, que combate la desigualdad digital e impulsa una política que convierte al Estado en garante del acceso universal al internet.
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