Concluye el quinto conversatorio en el Senado sobre la Ley de Telecomunicaciones, con énfasis en derechos de audiencias, regulación digital e inclusión
En el Senado de la República se llevó a cabo el quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un espacio de diálogo plural en el que legisladores, especialistas, representantes del sector y defensores de derechos coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos de las audiencias y usuarios. Durante la jornada se abordaron temas clave como la regulación de plataformas digitales, la independencia de los órganos reguladores y la inclusión de sectores vulnerables en el marco normativo.
Tema primordial del último conversatorio: derechos de las audiencias
Durante el foro se discutió la importancia de asegurar los derechos de las audiencias y usuarios, así como el papel de las defensorías y el Registro Nacional de Usuarios. El senador/moderador Javier Corral enfatizó la necesidad de considerar diversas perspectivas sobre programación, publicidad y protección, mientras que José Antonio Cruz Álvarez Lima destacó que los diálogos recogerían las preocupaciones y observaciones sobre la propuesta de ley.
Laura Itzel Castillo Juárez (Morena) señaló la ausencia de mecanismos para exigir el respeto a los derechos de las audiencias por parte de los medios comerciales. María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) advirtió sobre la falta de contrapesos judiciales en el Registro Nacional de Usuarios. Carolina Viggiano Austria (PRI) subrayó la importancia de distinguir entre opinión e información. Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) expresó preocupación por la discrecionalidad otorgada a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Alejandra Barrales Magdaleno planteó escuchar diversas voces e incorporar la asimetría regulatoria.
Hilda Saray Gómez González (Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias) insistió en establecer mecanismos claros para garantizar los derechos de los usuarios. Leopoldo Maldonado (Artículo 19) alertó (como ya se ha hecho en otras ocasiones) sobre la falta de independencia de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. José Antonio García Herrera (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión) pidió una regulación igualitaria para todos los medios. Kathia D’ Artigues Beauregard (Comunicación para la Inclusión) advirtió sobre el impacto en personas con discapacidad. Lenin Martell Gámez (Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano) propuso definir conceptos clave en la ley. José Agustín Pineda Ventura (Universidad Anáhuac) abogó por la igualdad en la protección de derechos sin importar la plataforma.
Necesario establecer conceptos y generar apartados con el objetivo de garantizar la defensa de usuarios de radio y TV
Durante el foro, los ponentes sugirieron aclarar conceptos e incluso añadir secciones para proteger los derechos de usuarios y audiencias, incluyendo menores de edad y personas con discapacidad.
Por su parte, Javier Corral enfatizó la necesidad de seguir discutiendo una legislación sobre inclusión digital para lograr un modelo convergente entre plataformas de medios y servicios digitales, advirtiendo sobre el error de no regular las plataformas digitales a pesar de su influencia transnacional en diversos ámbitos.
María Martina Kantún Can (Morena) señaló la importancia de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones garantice los derechos de las audiencias, ligados al acceso a la información y la libertad de expresión. Gustavo Sánchez Vásquez (PAN) sugirió que las comisiones dictaminadoras utilicen las propuestas de los expertos para enriquecer la reforma, incorporando la participación de grupos vulnerables, especialmente los niños. Claudia Edith Anaya Mota (PRI) pidió que la regulación sea precisa para evitar la censura y proteger el derecho de las audiencias a la verdad. María de las Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, propuso un capítulo especial en la ley para proteger los intereses de niños y adolescentes como audiencia, eliminando la perspectiva adultocéntrica. Vladimir Chorny Elizalde, investigador de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, abogó por una ley especial de servicios y mercados digitales que establezca responsabilidades para las plataformas en protección de datos, transparencia y medidas antimonopólicas, basadas en el respeto a los derechos de los usuarios. La académica de Comunicadores del Pueblo, María de los Ángeles Huerta del Río, reconoció el papel del Estado en la regulación de los derechos de las audiencias, pero propuso definirlos claramente, equilibrar la libertad de expresión y opinión, y hacer vinculantes las quejas a los defensores de las audiencias. Juan de Dios Barba Nava, experto consultor de Coparmex, cuestionó el privilegio de las concesiones estatales sobre las particulares, considerándolo competencia desleal y una violación al T-MEC. María Lizárraga Iriarte, consejera de la organización A Favor de la Mejor, solicitó que la norma se adapte a la realidad actual, incluyendo los nuevos medios como internet, para garantizar el acceso a contenidos, la protección de las audiencias y una competencia justa. Y por su parte, la directora general de PROMTEL, Zayra Yvette Pérez Salinas, defendió que la nueva ley no censura la libertad de prensa, sino que busca un equilibrio y devolver el carácter público y social a la radiodifusión y telecomunicaciones.
El senador/moderador Javier Corral expresa palabras finales y establece el próximo paso
El senador/moderador Javier Corral informó sobre la conclusión de cinco jornadas de debates en torno a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A lo largo de casi 20 horas, 89 ponentes compartieron diversas perspectivas, destacando la importancia de que la legislación se fundamente en la realidad, la diversidad y la complejidad del sector.
También señaló que el siguiente paso es la elaboración de reservas al dictamen por parte de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos.
El legislador anticipó que, una vez alcanzado el consenso en las comisiones, se solicitará a la Mesa Directiva del Senado convocar a un periodo extraordinario. Manifestó su confianza en que, antes del 30 de junio, se logrará un dictamen que, manteniendo sus objetivos primordiales, sea más claro y equitativo.
Corral resaltó que durante los cinco encuentros se dio voz a una amplia gama de opiniones, desde las más institucionales hasta las más críticas, enriqueciendo un proceso que busca comprender, ajustar y perfeccionar la ley para que represente fielmente la complejidad del país.
Finalmente, reiteró el compromiso expresado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que esta ley no tendrá fines de censura, control de contenidos o restricción de libertades, respondiendo a las necesidades nacionales y no a intereses particulares.
“Hoy tenemos un panorama más claro de los retos, pero también de las oportunidades que representa avanzar hacia una legislación que garantice el derecho a la comunicación, promueva la inclusión digital, respete las libertades y fortalezca a los actores en condiciones de equidad”, subrayó.
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Conclusión del quinto y último conversatorio
Durante el encuentro, se analizaron diversos temas cruciales como los derechos de las audiencias, la programación, la publicidad y los mecanismos de protección.
Armando Ayala Robles (Morena) reconoció los desafíos enfrentados por los medios tradicionales en la última década, especialmente por el auge de las redes sociales como difusoras de información. Propuso regular integralmente las plataformas digitales ante la preocupación de que no respeten los derechos de las audiencias por carecer de una legislación específica.
Agustín Dorantes Lámbarri (PAN) celebró la detención del proceso legislativo de la nueva ley para permitir la escucha de expertos y representantes del sector. Solicitó que las propuestas de los conversatorios se consideren para crear una norma que garantice el derecho a la información, la libertad de expresión y la reducción de la brecha digital.
Claudia Edith Anaya Mota (PRI) urgió a definir mecanismos de defensa para los usuarios en la ley, al considerar que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podría actuar como "juez y parte", decidiendo sobre la veracidad de la información y teniendo un poder absoluto para sancionar o revocar concesiones.
Alejandra Barrales Magdaleno (Movimiento Ciudadano) destacó la participación de los expertos y pidió que sus propuestas se integren en la nueva ley, señalando que su inclusión representaría el verdadero éxito de estos ejercicios.
Nicacia Lino de Jesús (Radio Tosepan Limakxtum) enfatizó la necesidad de incluir en el artículo 10 del proyecto el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar plenamente en la creación de contenidos, desde la producción hasta el archivo, y de reconocer su derecho a una infraestructura pública digital, considerando los medios no solo como entretenimiento, sino como herramientas fundamentales para su vida.
Rodolfo López Espinoza (Federación Mexicana de Sordos) subrayó la importancia de fortalecer en la ley la defensa de la lengua de señas, el subtitulaje y la incorporación de intérpretes en pantalla. Propuso la creación de un órgano que supervise y sancione a los intérpretes por mal desempeño, asegurando el apego a la lengua de señas mexicana y a la ética profesional.
Irene Levy (Observatel) señaló que el caso "Televisa Leaks" evidencia la urgencia de fortalecer los derechos de las audiencias, entendidos como la capacidad de demandar contenidos informativos éticos, diversos y transparentes, en equilibrio con la libertad de expresión y sin censura, dado que el caso reveló manipulación informativa en favor de ciertos actores políticos.
Gabriela Ortiz Portilla (Canal del Congreso) propuso fortalecer la figura de la defensoría de audiencia, utilizar plataformas digitales para el acceso a la información y el ejercicio de derechos, incluir un artículo sobre el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y reforzar la accesibilidad en los medios para personas con discapacidad.
Enrique Pavón Baños (ATDT) aseguró que el proyecto contiene nuevos beneficios y medidas para fortalecer la defensa de los usuarios de telecomunicaciones, como reconocer a la PROFECO como instancia especializada y reducir los plazos de resolución de quejas.
Gerardo Soria Gutiérrez (Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones) calificó los derechos de las audiencias en el dictamen como "censura simulada", ya que la ATDT sería quien decidiría sobre temas de discriminación, fomento educativo o unidad nacional, por lo que instó a analizar individualmente los derechos establecidos.
Christopher Casarrubias García Herrera (Purpose Partners) advirtió que el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la iniciativa establece una suspensión de 60 días hábiles para los trámites del regulador tras la entrada en vigor del decreto, lo que afectaría la homologación con concesionarios, limitando la oferta de nuevos equipos e impactando los ciclos de comercialización.
Tras cinco conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones, Javier Corral Jurado destacó el carácter plural y democrático del proceso, anticipando avances en derechos de usuarios y audiencias, acceso a internet y conectividad. Señaló que se presentarán reservas al dictamen, incluyendo una reconfiguración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Confía en lograr un dictamen más claro y equitativo antes del 30 de junio, gracias a la retroalimentación recibida de diversos sectores.
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