En su lucha contra el narcotráfico y operaciones de procedencia ilícita, el pasado 25 de junio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, emitió un comunicado en el que anunció la prohibición de transferencias de fondos de las instituciones de banca múltiple, CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, SA de CV.
La medida ordenada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, alertó que a través de las instituciones financieras señaladas con sede en México, había lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides y fentanilo por pare de cárteles.
"Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Según lo descrito en las órdenes de la FinCEN, los bancos "tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada" por dichas entidades; si bien, la medida retrataba urgencia aplicable a este mes de julio, el gobierno mexicano pidió una prórroga.
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Bancos mexicanos continuarán operaciones pese a acusación de lavado de dinero
En un comunicado fechado al 09 de julio de 2025, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que tras una petición a la FinCEN del Departamento del Tesoro, se consiguió una extensión de 45 días de la medida impuesta por el gobierno estadounidense.
Esto es que la entrada en vigor de las órdenes que prohiben ciertas transferencias de fondos en CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa aplicará hasta el 04 de septiembre presente; de esta manera, la dependencia mexicana resaltó su compromiso con la "gestión temporal de las instituciones señaladas", para reforzar sus supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios.
Asimismo, durante la conferencia mañanera del jueves 10 de julio desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que "se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa", especialmente porque una de las instituciones "tenía una serie de fideicomisos".
¿De qué se acusa a los bancos de México?
En su boletín, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos relevantes a los bancos en cuestión:
La FinCEN determinó que la institución "es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides", a través de un patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales "como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo".
La autoridad estadounidense refirió que CIBanco "ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos".
En el caso de esta institución, el señalamiento fue igual que el anterior, no obstante, se resaltó la colaboración con el CJNG, así como las transferencias de fondos en dólares para financiar "la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes".
Según información de la FinCEN, "a finales de 2022 ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos".
En el caso de Vector Casa de Bolsa, la FinCEN señaló lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, y tras investigaciones, se encontró que de 2018 a 2023, la institución realizó pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a compañías en China, conocidas por envío de precursores químicos con fines ilícitos.
Si bien, la medida externada por la SHCP no soluciona el problema de raíz, si abre la puerta a nuevas y más rigurosas supervisiones a la banca, todo ello en un contexto de tensiones políticas con el país vecino, y en vísperas de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
