En México, el comercio ilícito es uno de los principales problemas que afectan al bienestar y economía de la población. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los grupos criminales mexicanos obtienen hasta 12.1 mil millones de dólares solo por el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína.
El comercio ilícito incluye la producción, el transporte y la venta ilegal de bienes y servicios con el fin de obtener ganancias, estas actividades incluyen: el tráfico de drogas, armas, objetos culturales, flora y fauna, productos falsificados, la tala ilegal, entre otros.
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Asimismo, la economía informal en México representó el 25.4 % del Producto Interno Bruto, además, cerca del 55 % al 59 % de la población económicamente activa, trabaja en la informalidad.
En un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) impulsó una estrategia transversal para combatir el comercio ilícito, la informalidad, el contrabando y la piratería, en coordinación con dependencias federales, gobiernos estatales y los sectores productivos, como parte de un enfoque integral orientado a proteger la producción nacional, al consumidor y las cadenas de valor.
¿En qué consiste la estrategia contra el comercio ilícito de la Secretaría de Economía?
Entre las acciones impulsadas por la SE destacaron medidas para fortalecer a la industria nacional en sectores como el textil, calzado, acero y azúcar; operativos de decomiso de mercancía ilegal; el desarrollo de mesas interinstitucionales para atender efectos no previstos de algunas políticas públicas; así como avances en la creación de un observatorio que integre información del sector privado.
Dichas medidas fueron acordadas en el Foro sobre el Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Secretaría de Economía en coordinación con el Council of the Americas para lograr una coordinación entre autoridades del gobierno federal y representantes del sector productivo.
En el foro participaron representantes de los sectores que han sido más afectados por el comercio ilícito, como: tabaco, bebidas alcohólicas, farmacéutico, textil y manufacturas, aunado a especialistas en la materia. Todos coincidieron en que se debe llevar a cabo una agenda basada en el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad, el reforzamiento de los controles aduanales y de la aplicación de la ley, además de una mayor coordinación entre autoridades y el sector productivo.
Las autoridades manifestaron su disposición para trabajar de manera conjunta con las empresas y sectores productivos afectados para fortalecer la prevención, detección y atención del comercio ilícito mediante el intercambio de información, la mejora regulatoria y una aplicación más eficaz de la ley.
Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentó un modelo de gestión sanitaria para productos y servicios de alto riesgo, orientado a reforzar la vigilancia y el control sanitario mediante la homologación de criterios técnicos, el uso de herramientas digitales y la coordinación interinstitucional.
El comercio ilícito en México es castigado con sanciones penales y/o administrativas, esto dependerá de la gravedad y el origen de los productos comercializados.
Por ejemplo, en el caso de contrabando, el imputado podría ser acreedor de tres a nueve años de prisión, dependiendo el monto de las contribuciones omitidas o si son mercancías prohibidas. Además, puede recibir multas que equivalen del 200 % al 300 % del valor de los bienes.
Por otro lado, la piratería es considerada un delito federal grave y es castigada con penas de seis meses hasta 10 años de prisión y multas de hasta 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 257,116.09 pesos.
Aunado a lo anterior, existen sanciones específicas para ciertos productos. Para quienes introduzcan, fabriquen, almacenen, vendan o distribuyan cigarros ilegales podrían recibir una sanción de hasta nueve años de cárcel y multas desde 100 hasta 1,000 veces la UMA.
Mientras que la venta de alcohol sin los permisos correspondientes, puede generar multas que oscilan entre 2,171 y 3,257 veces la UMA y arrestos de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.
