La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de los artículos 1414 Bis 7 del Código de Comercio y 365 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que exigen la ratificación bilateral de firmas ante notario público en contratos mercantiles de alto valor económico.
El Pleno resolvió que este requisito es válido cuando el monto del crédito garantizado sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a 250 mil Unidades de Inversión (UDIS), al considerar que no vulnera el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.
La decisión se tomó al resolver el Amparo Directo en Revisión 6798/2024, en sesión pública del 4 de febrero de 2026, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la que se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo a las empresas quejosas.
ÚNETE A IDC en nuestro canal de Whatsapp
¿Cuál fue el origen del caso?
El asunto derivó de un procedimiento especial de ejecución de garantía mediante prenda sin transmisión de posesión, promovido por dos empresas en contra de una persona física, con el objetivo de exigir el cumplimiento de un contrato maestro de compraventa a plazos de maquinaria.
Los tribunales de Nuevo León declararon improcedente la vía especial de ejecución, debido a que el contrato base de la acción no cumplía con uno de los requisitos legales, que es la ratificación de las firmas de ambas partes ante fedatario público. En el caso concreto, únicamente el demandado ratificó su firma, mientras que las empresas no lo hicieron.
Ante ello, las empresas promovieron juicio de amparo, argumentando que dicha exigencia era inconstitucional por restringir su acceso a la justicia.
¿Cuál fue el análisis de constitucionalidad que realizó la corte?
En su resolución, el Pleno analizó la medida a partir de un test de proporcionalidad, coincidiendo con el análisis previamente efectuado por el tribunal colegiado.
La Corte determinó que la exigencia de ratificación de firmas persigue un fin constitucionalmente válido, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica a las partes que celebran contratos mercantiles de alto valor económico, particularmente cuando se busca acceder a un procedimiento judicial especial que permite obtener con rapidez la posesión de los bienes dados en garantía.
Asimismo, se concluyó que la medida es idónea, ya que la ratificación ante notario público permite tener certeza sobre la existencia de la voluntad contractual, el monto del crédito, las condiciones pactadas y las garantías otorgadas.
¿Por qué no se vulnera el acceso a la justicia?
El Pleno sostuvo que el requisito impugnado no impide el acceso a la justicia, sino que condiciona el uso de una vía especial de ejecución, sin eliminar la posibilidad de acudir a procedimientos ordinarios para hacer valer los derechos derivados del contrato.
La ministra Esquivel Mossa explicó que la sola existencia de requisitos adicionales para acceder a una vía procesal específica no constituye, por sí misma, una violación al derecho de acceso a la justicia, siempre que el sistema jurídico contemple otras vías eficaces para la resolución del conflicto.
En este sentido, la Corte consideró que la medida es necesaria y proporcional, dado que el procedimiento especial de ejecución de prenda, por su naturaleza y por la cuantía de las operaciones que involucra, requiere mayores garantías de certeza que los procedimientos ordinarios.
Ratificación bilateral como requisito indispensable
Uno de los puntos centrales del fallo es que no basta con que una sola de las partes ratifique su firma ante fedatario público. Tratándose de créditos garantizados de alto monto, la ley exige que ambas partes cumplan con este requisito para que proceda la vía especial de ejecución.
La Corte señaló que esta exigencia se justifica porque de dichos contratos derivan derechos, obligaciones y responsabilidades relevantes, por lo que resulta razonable reforzar su validez formal mediante la intervención notarial.
Resolución del Pleno al Amparo Directo en Revisión 6798/2024
El Pleno de la Suprema Corte resolvió por unanimidad de votos confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.
Con esta decisión, la SCJN confirma que la ratificación notarial de firmas en contratos mercantiles de alto valor económico es una condición constitucionalmente válida, orientada a fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en operaciones crediticias que permiten el uso de procedimientos judiciales.
¿Quieres saber más? ¡Sigue a IDC en Google News!
