Reforma electoral 2026: Límites al gasto público y
sanciones por nepotismo
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El “Plan B” ya es una realidad; cuáles son los cambios en ayuntamientos, la prohibición de nepotismo y los nuevos controles al gasto público
La reforma electoral en materia municipal, legislativa y de remuneraciones públicas se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el 23 de abril de 2026 y entró en vigor al día siguiente, por lo que ya resulta aplicable.
El decreto modifica los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fijar reglas sobre integración de ayuntamientos, límites presupuestarios y control del gasto público.
El decreto modifica la integración de los ayuntamientos, los cuales estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. También exige principios de paridad de género vertical y horizontal, así como perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Se prohíbe la participación en elecciones de personas que mantengan o hayan mantenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con quien esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula; con ello se busca limitar el nepotismo en el ámbito municipal.
En el ámbito estatal, se establece que el presupuesto de las legislaturas locales no puede exceder del 0.70 % del presupuesto de egresos de la entidad federativa.
También se prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y se establecen las mismas restricciones por parentesco previstas para los ayuntamientos.
La reforma también incorpora límites en materia de gasto público para los consejeros y magistrados electorales. En específico, determina que sus remuneraciones no podrán exceder la asignada para la presidencia de la república y se prohíbe la contratación de seguros privados, esquemas de retiro especiales o prestaciones no previstas en la ley.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales deben armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. En tanto, las disposiciones constitucionales serán aplicables de manera directa.
Además, se establece una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República de hasta un 15 % real en un plazo de cuatro ejercicios fiscales. Los recursos generados como ahorro en congresos locales y ayuntamientos deberán destinarse a infraestructura pública.