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Se advierte que acelerar permisos y autorizaciones no resolverá por si solo los problemas de la certeza jurídica frente a la tarea de atraer inversión
La actualización del Plan México busca acelerar la llegada de inversión estratégica mediante autorizaciones en 30 días, resolución de trámites federales en un plazo máximo de 90 días o mediante afirmativa ficta, además de ventanillas digitales y simplificación en comercio exterior.
Sin embargo, especialistas consideran que el principal desafío no está únicamente en agilizar procesos administrativos, sino en garantizar condiciones de estabilidad jurídica, coordinación institucional y certidumbre para proyectos de largo plazo.
En este sentido, Pedro Javier Leyva Lizárraga, especialista en regulación financiera, explicó que la simplificación regulatoria representa solo una parte del problema que observan los inversionistas.
“La simplificación regulatoria es una condición necesaria, pero no suficiente. Un trámite más rápido no compensa la incertidumbre jurídica, y ningún decreto elimina por sí solo el riesgo institucional que percibe un inversionista cuando las reglas del juego pueden cambiar a la mitad del camino”, mencionó.
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¿Por qué el Plan México llega en un momento clave?
La actualización del plan ocurre en un entorno de desaceleración económica y presión internacional. Durante el primer trimestre de 2026, el PIB mexicano registró una caída de 0.8%, acompañada por debilidad en la inversión pública y privada, además de incertidumbre derivada de la política arancelaria de Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
En este contexto, el Plan México busca enviar señales rápidas de confianza para recuperar dinamismo económico y atraer nuevos proyectos productivos.
No obstante, los datos de inversión extranjera muestran que el reto no está únicamente en captar anuncios. De los 41,000 millones de dólares reportados hasta el tercer trimestre de 2025, solo 6,500 millones correspondieron a proyectos completamente nuevos, mientras que el resto está ligado a reinversión de utilidades y operaciones entre empresas.
Esto significa que buena parte de los flujos registrados no necesariamente se tradujo en nueva infraestructura, empleos o cadenas productivas instaladas en el país.
¿La simplificación administrativa puede sustituir la certeza jurídica?
La estrategia del gobierno apuesta por reducir tiempos y facilitar autorizaciones. Sin embargo, especialistas advierten que la rapidez no sustituye elementos como transparencia, reglas estables o evaluación técnica adecuada.
El riesgo, señalan, es que la velocidad administrativa termine desplazando procesos regulatorios indispensables para inversiones sostenibles en sectores estratégicos.
Para Leyva Lizárraga, uno de los mayores desafíos será la coordinación entre autoridades federales y gobiernos locales.
“El éxito del Plan México no depende de una sola secretaría ni de un solo decreto. Requiere que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Sener, el SAT y los gobiernos estatales operen bajo una misma lógica de certeza y velocidad. Cuando esa coordinación falla, el inversionista no ve un gobierno ágil, ve un laberinto con distintos nombres en la puerta.”
Además de permisos rápidos, las empresas evalúan factores como disponibilidad energética, protección contractual, estabilidad regulatoria y capacidad institucional para mantener decisiones de largo plazo.
¿Qué necesita México para competir por inversión?
México compite actualmente con otros mercados emergentes que buscan atraer manufactura avanzada y cadenas globales de suministro. En sectores como energía, telecomunicaciones, infraestructura y servicios financieros, la velocidad de un trámite representa solo una parte de la decisión de inversión.
“México tiene una oportunidad importante para posicionarse como plataforma productiva global, pero la confianza no se decreta. Se construye con instituciones que funcionan, reglas consistentes, cumplimiento verificable y decisiones públicas que puedan sostenerse jurídicamente”, señaló Leyva Lizárraga.
Es así que la estabilidad de las reglas y la capacidad del Estado para sostenerlas en el tiempo siguen siendo factores para consolidar proyectos de gran escala.
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