MAR 11/08
TDC 17.1408
VIE 10/07
INPC 145.1690
MIE 01/07
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
La Secretaría destacó que la reciente modificación a las Reglas de Carácter General busca fortalecer el régimen preventivo aplicable a quienes realizan actividades vulnerables
A través del comunicado No. 65, publicado el 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que las RCG de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), forman parte del proceso de implementación de las reformas realizadas a la en 2025 y a su Reglamento en 2026. En este sentido, las Reglas desarrollan y precisan la manera en que deberán aplicarse diversas obligaciones previstas en el marco legal.
Uno de los aspectos que Hacienda coloca en el centro de esta nueva etapa es el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), que permitirá orientar las medidas de prevención de acuerdo con las características y el nivel de exposición al riesgo de cada sujeto obligado.
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El riesgo será un elemento central del cumplimiento
Con la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo, quienes llevan a cabo actividades vulnerables deberán contar con una metodología que les permita identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos en materia de lavado de dinero.
Para realizar esta evaluación deberán tomarse en cuenta distintos factores relacionados con la operación de cada actividad, entre ellos las características de los clientes o usuarios, los actos u operaciones realizados, los productos o servicios ofrecidos, los canales utilizados y las áreas geográficas involucradas.
La finalidad es que las medidas de prevención no se apliquen de manera aislada, sino que respondan al riesgo identificado en cada caso. Esto permitirá establecer controles y medidas de mitigación acordes con las características de la actividad desarrollada.
Mayor atención al conocimiento del cliente y beneficiario controlador
El comunicado también pone énfasis en el fortalecimiento de los procedimientos para el conocimiento del cliente o usuario, así como en la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Estos elementos forman parte de un esquema más amplio de prevención que también comprende controles internos, conservación de información y cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la presentación de avisos.
Para los sujetos obligados, esto implica revisar sus procedimientos actuales y determinar qué ajustes serán necesarios para alinearlos con las disposiciones que desarrollan las RCG.
La supervisión también tendrá un enfoque basado en riesgo
El modelo no se limita a las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. De acuerdo con la SHCP, las propias autoridades aplicarán criterios de riesgo en sus labores de supervisión y verificación.
Esto permitirá dirigir los recursos y las acciones de vigilancia hacia aquellos sectores, actividades o situaciones que presenten una mayor exposición al posible uso de recursos de procedencia ilícita.
La SHCP también señala que se busca un cumplimiento proporcional al riesgo, de manera que las medidas implementadas correspondan a las características y grado de riesgo de cada actividad.
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Implementación gradual de las reglas antilavado
Otro punto relevante es que la aplicación de las disposiciones no comenzará de manera uniforme. Las propias reglas contemplan un esquema de entrada en vigor gradual, con diferentes fechas para determinados requerimientos.
Como regla general, el acuerdo entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026, aunque existen excepciones previstas en sus artículos transitorios. Entre ellas se encuentra la evaluación con Enfoque Basado en Riesgo, que deberá estar a disposición de las autoridades competentes, previo requerimiento, a partir del 1o., de marzo de 2027.
Este periodo permitirá a quienes realizan actividades vulnerables revisar sus procesos, preparar su metodología de evaluación de riesgos, actualizar sus políticas internas y realizar los ajustes necesarios para cumplir con las disposiciones aplicables.
Con este nuevo marco, la prevención del lavado de dinero avanza hacia un modelo en el que no solo importa cumplir formalmente con determinadas obligaciones, sino identificar los riesgos propios de cada actividad y establecer controles acordes con ellos.
La SHCP señaló que estas modificaciones también buscan mantener el régimen mexicano alineado con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fortalecer los mecanismos nacionales de prevención y combate al lavado de dinero.
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