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VIE 10/07
INPC 145.1690
SAB 01/08
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
La agenda incluye cambios fiscales, anticorrupción, T-MEC, justicia, salud, medioambiente, feminicidio, doble nacionalidad y derecho familiar para el próximo periodo legislativo
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un paquete de reformas que incluye modificaciones fiscales, medidas anticorrupción, ajustes relacionados con el T-MEC y cambios en materia judicial, familiar, sanitaria y ambiental.
La agenda fue presentada durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, celebrada el 30 de agosto de 2026. Además de las propuestas que serán enviadas al Congreso, el material incorpora las iniciativas sobre feminicidio y protección ambiental, presentadas previamente durante julio y agosto.
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¿Qué contempla el paquete económico para 2027?
El paquete económico será presentado el 8 de septiembre e incluirá la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
También se contemplan modificaciones fiscales a la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta. El documento no precisa las tasas, contribuyentes, actividades o disposiciones que serían modificadas mediante estos proyectos.
Como parte de la información presupuestaria se presentarán las Zonas de Atención Prioritaria, mientras que en materia comercial se dará a conocer un informe sobre aranceles.
Reformas relacionadas con el T-MEC y el combate a la corrupción
La agenda incluye modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor para regular la responsabilidad secundaria de los proveedores de internet cuando sus usuarios vulneren derechos de autor.
La propuesta establecería mecanismos de cooperación digital para notificar y retirar contenidos protegidos. También se plantean cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para detectar y perseguir infracciones cometidas mediante plataformas digitales, particularmente cuando se comercialicen productos falsificados.
Otra iniciativa modificaría la Ley de Inversión Extranjera para incorporar a las instancias de seguridad y procuración de justicia en la revisión de determinadas autorizaciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Esta intervención procedería ante fusiones, adquisiciones o inversiones que pudieran afectar la seguridad nacional.
Por otra parte, el paquete anticorrupción contempla modificar 19 ordenamientos y expedir dos nuevas leyes. Su objetivo será fortalecer la prevención, investigación, fiscalización y sanción de actos de corrupción. Entre las medidas previstas se encuentran:
- digitalizar trámites y procedimientos de contratación
- reforzar los controles sobre el ejercicio de recursos públicos
- ampliar las obligaciones de transparencia
- incorporar mecanismos alternativos para resolver controversias administrativas
- regular las actividades de cabildeo
- otorgar mayores facultades a las autoridades fiscalizadoras y los órganos internos de control
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Doble nacionalidad, IMSS-Bienestar y reforma judicial
La presidenta propone modificar la Constitución para exigir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan doble nacionalidad, o en su defecto, renuncien a cualquier otra.
La propuesta también prohibiría solicitar o adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, con el propósito de resolver las dudas interpretativas derivadas de la redacción constitucional vigente al artículo 32.
En materia de salud se plantea expedir una ley propia para IMSS-Bienestar, mediante la cual se regularían autónomamente su organización, funcionamiento, coordinación federal, financiamiento, infraestructura, abasto de medicamentos y reglas de calidad de la atención.
Las reformas secundarias en materia judicial modificarían la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Los cambios contemplan crear una comisión coordinadora para unificar la evaluación de candidaturas judiciales, reducir el número de aspirantes, simplificar las boletas y permitir que la elección judicial de 2028 coincida con la revocación de mandato. También reforzarían las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y establecerían capacitación y evaluación permanente para las personas juzgadoras.
En materia familiar se propone agilizar los procedimientos de adopción mediante un juicio especial para la pérdida de la patria potestad, regular la entrega segura de menores y especializar la justicia encargada de proteger a niñas, niños y adolescentes.
La agenda se completa con las iniciativas para homologar la investigación y sanción del feminicidio en el país y actualizar la legislación ambiental, incluyendo mecanismos de restauración ecológica, reparación del daño, participación ciudadana y pagos a comunidades que conserven o reforesten.