En cuatro años de gobierno la deuda total habrá aumentado en 5 billones de pesos o casi 50%
Desde el momento en el que se dio a conocer el paquete económico 2023 en septiembre pasado el CEESP, entre otros organismos y especialistas, expresó su preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la proyección de los ingresos públicos para financiar el gasto propuesto se elaboró bajo supuestos optimistas, sin la necesidad de planear un déficit “excesivo” que implicase un aumento importante de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto.
“Ello sugiere que, si se hubiera hecho con la mitad del rango como es la costumbre y lo aconseja la prudencia, los recursos no hubieran sido suficientes para financiar el gasto que se propone en el proyecto de presupuesto de egresos (PPEF) con el mismo déficit del sector público”, recalcó.
Ahora bien, en la cámara de diputados ha comenzado la discusión del proyecto de presupuesto o PPEF para 2023, que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre. Como en el caso de la LIF, seguramente no tendrá cambios importantes.
El PEF 2023 propone un gasto total de 8.3 billones de pesos, 649 mmp o 3.4% mayor respecto a la cifra estimada para 2022.
“La distribución del gasto del proyecto de PEF refleja la determinación del gobierno de continuar canalizando recursos crecientes a sus programas y proyectos insignia que, hay que señalarlo, hasta el momento han fortalecido políticamente al partido en el poder”, detalló.
Por ejemplo, dentro del gasto programable que se asigna a las secretarías, resaltan los recursos que se canalizan a la secretaría del Bienestar, 408.3 mmp, de los cuales el 82.1% se concentran en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (335.5 mmp).
Trabajo y Previsión Social recibirá 27.1 mmp, de los que el 85% se canalizará al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
En resumen, la LIF aprobada presenta riesgos de insuficiencia de ingresos públicos recurrentes y de falta de recursos precautorios, mientras que el PPEF favorece fuertemente los objetivos políticos gubernamentales más que las necesidades sociales más evidentes.
De acuerdo con la proyección del gobierno que sustenta a la LIF en su versión más amplia -el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público- en 2023 alcanzará 15.5 billones de pesos lo que significa que en cuatro años de gobierno la deuda total habrá aumentado en 5 billones de pesos o casi 50%.
