En México, la economía informal fue una de las asignaturas pendientes durante años, y bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no existieron avances significativos en su regulación.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), sobre la persistente informalidad en el país destaca la necesidad urgente de crear un entorno más propicio para que las empresas operen dentro del marco formal de la economía. La falta de progreso en este aspecto representa una de las grandes deudas del gobierno de AMLO.
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Un desafío estructural: la informalidad en México
La economía informal en México alcanzó niveles preocupantes. En 2023, representó el 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en los últimos 14 años.
Este fenómeno no solo afecta la competitividad del país, sino que también genera una disparidad entre el número de personas que participan en la informalidad y el impacto real que estas actividades tienen en la economía formal. Más de la mitad de la población activa trabaja en la informalidad, pero solo produce una cuarta parte de la riqueza del país.
Según el CEESP, esta situación es resultado, en parte, de la tolerancia de las autoridades hacia la informalidad y la falta de incentivos adecuados para que las empresas ingresen al sector formal. La alta carga regulatoria y los costos laborales no salariales son factores que desincentivan la formalización de los negocios, creando barreras de entrada para nuevos emprendimientos y dificultando el crecimiento de las empresas ya establecidas.
Necesario un entorno regulatorio adecuado
En sus análisis, el organismo señaló que un ambiente regulatorio eficiente es esencial para impulsar la actividad económica y mejorar la competitividad del país.
Uno de los mayores desafíos ha sido la desaparición de órganos independientes encargados de la supervisión regulatoria, un fenómeno que ha generado preocupación en diversos sectores. La eliminación de estos organismos, que habían sido fundamentales para el desarrollo de políticas de regulación, y ahora generó un vacío que el gobierno de AMLO heredará.
Actualmente, el CEESP, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lleva a cabo un proyecto para mejorar la regulación en 15 municipios de México. Este programa tiene como objetivo reducir los costos de cumplimiento para las empresas, optimizar los trámites y permisos, y combatir la corrupción en los niveles municipales. Se trata de una iniciativa clave para fortalecer la transparencia y promover prácticas empresariales íntegras, con el objetivo final de facilitar la incorporación de más negocios al sector formal.
Impacto de la informalidad en el crecimiento económico
La persistente informalidad tiene repercusiones directas en el crecimiento económico del país. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las proyecciones para el crecimiento económico de México han sido ajustadas a la baja, y la falta de regulación efectiva de la economía informal es uno de los factores que contribuye a este estancamiento. La OCDE hizo hincapié en la importancia de un entorno económico que permita a las empresas crecer y competir en condiciones justas, algo que actualmente no se ve reflejado en México.
La carga regulatoria, que incluye trámites engorrosos, elevados costos de operación y altos impuestos, se ha convertido en un obstáculo para los pequeños y medianos negocios que intentan formalizarse. Además, los costos laborales no salariales, como las contribuciones a la seguridad social, han hecho que muchas empresas prefieran mantenerse en la informalidad para evitar gastos adicionales.
