El proyecto de ley conocido como One Big Beautiful Bill Act que implica un impuesto a las remesas de Estados Unidos a México no ha entrado en vigor, aunque ya fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el pasado 22 de mayo; la votación fue de 215 votos a favor y 214 en contra y aún requiere de la aprobación del Senado para convertirse en ley.
Esta propuesta establece un impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por no ciudadanos estadounidenses, con una fecha de implementación tentativa para el 1o. de enero de 2026, sí es ratificada.
El impacto económico para el país y los migrantes indocumentados que envían dinero a sus familias en México sería fuerte, podría provocar flujos informales de envío de dinero y en consecuencia, volver menos transparente la trazabilidad de las remesas. Por esto, el sector financiero ha expresado su oposición a esta iniciativa, junto con asociaciones de fintech como el American Fintech Council.
Por su parte, el National Immigration Law Center y el Caucus hispano en el Congreso estadounidense han advertido que el impuesto podría desestabilizar la región y defraudar a las comunidades hispanas que apoyaron a Trump.
El Caucus Hispano, Congressional Hispanic Caucus, es una organización de miembros del Congreso de los Estados Unidos, principalmente demócratas, de origen hispano o latino, que se enfoca en promover los intereses y abordar los problemas que afectan a la comunidad hispana y latina en Estados Unidos, Puerto Rico y los territorios estadounidenses. Fue fundado en diciembre de 1976 como una organización de servicio legislativo en la Cámara de Representantes, y actualmente opera como una Organización de Miembros del Congreso (CMO) bajo las reglas de la Cámara. A partir de los años 90 ‘s es totalmente demócrata.
Pero los proponentes, principalmente republicanos conservadores, argumentan que el impuesto desincentiva la inmigración indocumentada y genera ingresos fiscales. Sin embargo, la recaudación proyectada por este nuevo impuesto es mínima, de menos del 0.1 % de los ingresos anuales del gobierno estadounidense, lo que debilita el argumento económico frente a los costos administrativos y las posibles consecuencias políticas.
Si el Senado americano ratifica la versión de la Cámara de Representantes o una variante, el impuesto entraría en vigor a inicios de 2026, afectando a unos 40 o 50 millones de no ciudadanos americanos, incluidos residentes legales y trabajadores temporales.
Esto podría reducir las remesas formales a México un 10 % aproximadamente, lo que equivale a más de 2,600 millones de dólares anuales, según el Center for Global Development. Además de provocar el uso de canales informales para los envíos, como criptomonedas o envíos físicos, aumentando los riesgos de lavado de dinero.
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Las remesas en comparación con otras industrias
Las remesas en México representaron cerca del 3.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, según datos del Banco Mundial. Para comparar este porcentaje con el aporte de diferentes industrias al PIB nacional podemos analizar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sobre la composición sectorial del PIB.
En 2023, según el INEGI, las principales industrias y su contribución al PIB de México fueron:
INDUSTRIA | % PIB |
Comercio | 17.5 |
Industria manufacturera | 18.6 |
Turismo | 8.7 |
Transportes y comunicaciones | 7.5 |
Construcción | 7.1 |
Servicios financieros y de seguros | 4.1 |
Minería | 4 |
Industria automotriz | 3.5 |
Remesas | 3.4 |
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza | 3.3 |
Las remesas no son una “industria” en sí misma, sino una fuente de ingresos externos que impacta principalmente el consumo privado y representan cerca del 5 % del consumo privado. Su contribución al PIB es comparable a sectores económicos de tamaño moderado, pero su impacto es más relevante en regiones específicas como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, donde pueden representar hasta un 15.6 % del PIB estatal.
Las remesas, ese dinero enviado por los migrantes a sus familias, son un pilar fundamental de la economía mexicana. Estas transferencias no solo sostienen a millones de hogares, sino que también dinamizan las economías locales, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
Las comunidades expulsoras de migrantes en México, principalmente ubicadas en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas, dependen en gran medida de las remesas para su subsistencia. Estas regiones, caracterizadas por altos niveles de pobreza, desempleo y marginación, han visto en la migración una válvula de escape para mitigar las carencias económicas.
Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), el 52 % de los hogares que reciben remesas viven en poblaciones de menos de 15,000 habitantes, lo que resalta su importancia en áreas rurales.
Impacto en programas para migrantes
El Programa 3x1 para Migrantes, surgió en México desde 2002 como una opción para encauzar las remesas hacia proyectos de desarrollo comunitario, como infraestructura, educación y salud, mediante una colaboración entre migrantes, gobiernos estatales, municipales y la federación.
Este programa fue un caso de estudio académico por la respuesta positiva que tuvo en los núcleos de migrantes documentados o indocumentados en Estados Unidos y la vinculación organizada, planificada y necesaria que se lograba con sus comunidades de origen.
El programa fue a nivel federal y funcionó hasta 2019, dejando operando todavía programas estatales que tenían autonomía presupuestal de la federación pero una coordinación directa de los migrantes con sus autoridades estatales, este es el caso de Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Jalisco.
Para contrarrestar el impacto del impuesto, los estados podrían buscar alternativas como la promoción de la bancarización de los migrantes, permitiéndoles enviar remesas a través de transferencias interbancarias que eviten el gravamen. Además, de continuar el fortalecimiento de programas similares al 3x1, pero con participación del sector privado o de organismos internacionales.
Según el Marco Normativo para Migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras fuentes, al menos 13 esta dos cuentan con leyes, reglamentos o instituciones específicas para la atención y protección de migrantes y sus familias.
- Aguascalientes: Ley Orgánica del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes
- Baja California: Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes
- Chiapas: Reglamento Interno del Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes; además, participa en la estrategia federal “México te Abraza” y tiene módulos del Sistema DIF para menores migrantes
- Chihuahua: Ley de Protección y Apoyo a Migrantes
- Durango: Ley que crea el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, con un reglamento interno
- Estado de México: Fondo de Apoyo a Migrantes, enfocado en reinserción laboral, autoempleo y apoyo a albergues. También opera el operativo “Bienvenido Paisano Mexiquense” para acompañar a migrantes retornados
- Michoacán: Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias; participa en “México te Abraza” y tiene una tradición de apoyo a migrantes debido a su alta tasa de emigración
- Nayarit: Ley de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias
- Querétaro: Ley para la Atención de las Migraciones
- San Luis Potosí: Ley de Atención y Apoyo a Migrantes, con un Instituto de Atención a Migrantes y su reglamento interno
- Sonora: Ley de Protección y Apoyo a Migrantes, con un reglamento asociado
- Tamaulipas: Reglamento Interno del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes; también cuenta con Grupos Beta para protección de migrantes
- Puebla: Ley de Atención y Protección a los Migrantes y sus familias
- Tlaxcala: Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias, con reglamento
Desafíos para los mexicanos indocumentados en Estados Unidos
Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos enfrentan debido a su estatus migratorio una posición de vulnerabilidad social, económica y legal. A continuación, varios de los principales factores de su ecosistema de vulnerabilidades:
- Riesgo de deportación. En 2022, había aproximadamente 5.1 millones de mexicanos indocumentados en EE.UU., representando el 45 % de la población indocumentada total, que es de 11.3 millones. La amenaza de deportación es constante, especialmente con políticas migratorias estrictas, como las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
- riesgo a finanzas personales: La deportación implica la pérdida de empleo, separación familiar y retorno a México en condiciones precarias, a menudo sin recursos ni redes de apoyo. En los primeros meses de 2025, México recibió a cerca de 33 mil mexicanos deportados, aunque el flujo ha sido menor que en 2024 debido a una reducción en intentos de ingreso
- limitaciones para el mercado laboral formal: Los indocumentados tienen acceso a empleos de baja calificación y mal remunerados, principalmente en agricultura, construcción y servicios como preparación de alimentos, limpieza o comercio
- aislamiento social: Los trabajadores del campo sufren aislamiento social debido a la ubicación remota de los trabajos, la necesidad de permanecer ocultos para evitar a las autoridades migratorias, y la falta de interacción con instituciones sociales
- segregación acecha a sus hijos:Los hijos de indocumentados, incluidos los “Dreamers”, enfrentan incertidumbre legal y dificultades para acceder a educación superior sin estatus legal
Nuevos desafíos para mexicanos que buscan trabajo en EEUU
Los mexicanos que desean trabajar temporalmente en Estados Unidos, principalmente a través de visas como la H-2A, para trabajadores agrícolas, o H-2B para trabajadores no agrícolas, enfrentan nuevas dificultades relacionadas con el proceso migratorio, las condiciones laborales y las barreras legales, a saber:
- acceso limitado a visas temporales: Las visas H-2A y H-2B permiten trabajar legalmente en Estados Unidos por un máximo de tres años, pero el número de visas disponibles es limitado
- requisitos estrictos: Los solicitantes deben ser contratados por una empresa específica, presentar un contrato de trabajo válido, pagar una cuota de $190 dólares y acudir a una entrevista en la embajada o consulado, lo que implica costos y trámites burocráticos
- leyes mexicanas: Las leyes mexicanas dificultan la salida temporal de trabajadores, lo que requiere reformas para facilitar la participación en programas de trabajo temporal
- condiciones laborales: Los trabajos temporales, especialmente en agricultura (H-2A), requieren buena condición física debido a largas jornadas, exposición a condiciones climáticas extremas, y tareas físicas como agacharse o estar de pie por largos periodos
- riesgos laborales: Los trabajadores enfrentan condiciones adversas sin acceso garantizado los seguros médicos o protecciones laborales
- capacitación escasa: Empresas como Chazy Orchards, principal recolector de manzanas que contrata personal temporal, ofrecen solo un día de entrenamiento y dos días de prueba
