La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los congresos locales a legislar en materia de coordinación fiscal, para facilitar que los ayuntamientos puedan hacer frente al pago por laudos condenatorios firmes y logren a su vez sanear sus finanzas.
“En más de un caso, los pasivos laborales por indemnizaciones relativas a laudos por juicios laborales perdidos, no corresponden a la administración que tiene que pagar, lo que representa una carga económica que pone en peligro la viabilidad financiera y operativa de muchos municipios”, expresó el diputado Alejandro González Murillo.
En un punto de acuerdo, señaló que Coahuila, de acuerdo con la Auditoría Superior local y tomando como muestra la Cuenta Pública 2015, tiene por lo menos 21 alcaldías que están en situación crítica, mientras que en Querétaro, según la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, “hay municipios que cuentan con 20 centavos por cada peso que adeudan”.
Mencionó que durante el último trimestre de 2016 había ocho ayuntamientos que superaban los mil millones de pesos de endeudamiento y citó como ejemplo los casos de Tijuana, Baja California, con 2.7 mil millones; Guadalajara, Jalisco, con 2.3 mil millones; Monterrey, Nuevo León, con 1.8 mil millones de pesos, y Hermosillo, Sonora, 1.7 mil millones de pesos.
El coordinador de los diputados federales de Encuentro Social señaló que las deudas municipales repercuten en la afectación de los derechos laborales de los trabajadores, al no poder obtener las indemnizaciones que les corresponden o los servicios de seguridad social a los que tienen derecho.
La mayoría de los municipios no tienen la capacidad financiera para atender esas obligaciones, agregó.
