El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) propuso que los estados sean obligados a publicar en tiempo y forma su información financiera, así como lograr una mayor participación de sus congresos locales respecto a la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto.
PIDEN DIPUTADOS ACCIONES CONTRA EL ENDEUDAMIENTO LOCAL
El dirigente del organismo, Juan Pardinas, explicó que el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2017 sugirió también:
- disminuir las variaciones entre el presupuesto aprobado y el monto ejercido del gasto operativo,
- establecer criterios de distribución de ingresos excedentes obligatorios para las entidades federativas,
- eliminar el uso de efectivo en las administraciones estatales a fin de dar mayor seguimiento y veracidad a la información reportada,
- impulsar auditorías en tiempo real para detectar irregularidades sobre la ejecución de los recursos públicos, y
- fortalecer las sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
En ese sentido, refirió que los estados gastaron en el rubro de comunicación social 5,534 millones de pesos (mdp); es decir, un 139% más de lo presupuestado lo cual equivale al financiamiento público de los partidos políticos en 2017.
En opinión del directivo del Imco, “no existen controles de calidad de la información financiera reportada para transparentar el ejercicio del gasto a nivel estatal, y la información financiera de los poderes ejecutivo estatales no cumple con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
En ese contexto, consideró fundamental que durante el próximo periodo electoral se cuente con elementos contables suficientes y confiables para llevar a cabo auditorías en los gobiernos de los estados a fin de evitar gastos innecesarios o desvíos.
Por ello, recordó que los responsables para evaluar el ejerció del gasto público o el desvío de recursos a campañas electorales son el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación.
“Si los gobiernos estatales todavía utilizan dinero en efectivo como buena parte de su gasto, esas transacciones difícilmente son rastreables y auditables, por lo que se esperan muchos márgenes de discrecionalidad durante el próximo periodo electoral”, explicó Pardinas.
Asimismo, precisó que con los gastos excedentes de 2016, hubieran podido pagar el 39% del saldo de la deuda pública estatal; lo que refleja un desorden financiero general, en la planeación y la falta de control de las finanzas públicas (ingresos, egresos, y deudas) ya que “gastan más de lo presupuestado y se endeudan más de lo planeado”.
El gasto no ejercido para la infraestructura fue de 103,171 mdp a 113,777 mdp, lo cual representó una disminución del 9% menos de lo presupuestado (10,606 mdp). En cuanto a la deuda adicional, las entidades contrataron 20,186 mdp lo cual representa un 86% y equivale al presupuesto de Morelos en 2016 cuya suma fue de 20,492 mdp.
