De 2013 a 2018 los incentivos fiscales en términos monetarios a la actividad agropecuaria mostraron una tendencia creciente, equivalente en promedio a 28,501 millones de pesos anuales, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Cedrssa).
Los mayores montos se registraron en 2017 y 2018 con 41,847 y 44,121 millones, respectivamente, de acuerdo con el informe “Los gastos fiscales en el sector agropecuario 2013-2018".
Durante 2017, los gastos fiscales en México representaron el 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 30% de la recaudación tributaria, rubro que ascendió al 13% del PIB ese año, de acuerdo con el Cedrssa.
El análisis indica que el impacto de los gastos fiscales debe ser evaluado por organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo, debido a que el gasto suele ser cuantioso en relación con los presupuestos designados.
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Además el impacto de los gastos fiscales debe ser evaluado por organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo, debido a que el gasto suele ser cuantioso en relación con los presupuestos designados, indica el informe.
Estos mecanismos de incentivo tributario se aplican a través de exenciones, deducciones, créditos por impuestos pagados o compensaciones, tasas impositivas preferentes o la amortización acelerada de activos fijos, que reduce o aplaza el pago de impuestos de un contribuyente.
La evaluación asegura que “los beneficios otorgados a través de los gastos fiscales son necesarios para el funcionamiento del sector agropecuario y se justifica su existencia por los efectos positivos que se buscan en términos productivos, económicos y sociales”.
El monto de recursos de los gastos fiscales se deben considerar como complemento de los fondos presupuestales que anualmente aprueba la Cámara de Diputados para el campo mexicano, a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
Son recursos que en lugar de otorgarse mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como gasto público, se canalizan en forma de beneficios a los contribuyentes del sector agropecuario, mediante un sacrificio recaudatorio que al final se refleja con igual impacto en las finanzas públicas.
El diagnóstico del CEDRSSA apunta que los gobiernos aplican en sus informes y análisis presupuestario un trato diferente a los gastos fiscales y al gasto público, ya que los apoyos tributarios “no se sujetan a la aprobación anual de los Congresos y, por lo tanto, están menos propensos a someterse a un examen periódico de control y evaluación y son aplicables a cualquier ley tributaria”.
Pese a que entre 2013 y 2017 la captación tributaria aumentó en más de 3.4 puntos del PIB, sigue siendo baja en relación con otros países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El análisis refiere que de acuerdo con datos oficiales, los gastos fiscales en México se han reducido en forma significativa, al pasar de 4.1% del PIB en 2013 a 3.9% del PIB, previsto para 2018, por lo que “todavía hay margen para eliminar algunos incentivos tributarios que pueden considerarse ineficaces y ampliar la base de contribuyentes”.
