8,477 contribuyentes en lista negra

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su objetivo de combatir la evasión y la elusión fiscal, ha publicado en la llamada lista negra a más de 8,000 contribuyentes, tanto empresas como personas físicas.

Datos del órgano recaudador, a cargo de Osvaldo Santín, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado.

La lista negra del SAT, que entró en vigor en el 2014, se sustenta en el artículo 69-B del CFF, el cual precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien, que los causantes no se encuentren localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Al ser identificado, el SAT deberá notificar al contribuyente que se encuentra en dicha situación a través del Buzón Tributario y mediante el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de que el pagador de impuestos pueda aportar documentación e información para desvirtuar los hechos en un plazo de 15 días a partir de la última notificación.

Si transcurrido el plazo concedido los contribuyentes no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva, o bien, una vez admitidas y valoradas no se desvirtúan los hechos, se les considerará como personas fiscales que definitivamente emitieron facturas apócrifas y serán publicados en el DOF, indicó el listado, el cual es firmado por Ady Elizabeth García Pimentel, administradora central de Fiscalización Estratégica del SAT.

“Lo anterior toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”, refiere el anexo de la lista.

De esta manera, la autoridad fiscal ha detectado hasta la fecha a un total de 5,477 contribuyentes que, definitivamente, simulan operaciones, los cuales representan 64.6% del listado publicado.

Por otro lado, siguen en la mira del SAT 2,878 pagadores de impuestos que aún no han desvirtuado las acusaciones contra ellos, mientras que 122 contribuyentes han logrado aclarar su situación fiscal y desvirtuar los hechos.

Los delitos de defraudación fiscal, como lo son la simulación de operaciones, son sancionados de tres meses a nueve años de prisión dependiendo del monto defraudado, mientras que la adquisición de comprobantes fiscales falsos se sanciona de tres meses a seis años de prisión, explicó Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Facturas falsas por más de 2 billones de pesos

De acuerdo con la última información actualizada del SAT, las llamadas empresas fantasma generaron, a través de facturas falsas, un total de 2.04 billones de pesos desde el 2010 y hasta julio del 2018.

Si bien la acción del SAT es para detener este tipo de prácticas ilegales, expertos han señalado que la publicación de los datos de los contribuyentes en la lista negra ocasiona daños colaterales, sobre todo, para aquellos que lograron desvirtuar las operaciones.

“Se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes. Hemos conocido casos en que la autoridad utiliza el 69-B en contribuyentes que sí están localizados, pero omitieron alguna declaración. O bien, lo están utilizando con empresas que tienen modelos de negocio con pocos activos”, indicó Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

A inicios del año, la procuradora mencionó en entrevista con El Economista que aunque una empresa o persona física logre desvirtuar los hechos, al ser publicada en el listado se puede manchar su reputación y, por ende, su actividad comercial.

“Vamos a suponer que hay una empresa que presta ciertos servicios, pero alguien sin escrúpulos vende una factura y por esta única factura que se vendió van a subir al 69-B a esta empresa por simular operaciones. Y al subirla todos los que recibieron factura de ésta quedan con la presunción de que esa operación fue inexistente”, alertó.

Con información de El Economista