Se analizarán los cambios en la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas, informó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en un comunicado.
El organismo señaló que participará en un foro organizado por la Cámara de Diputados, en el cual se analizarán reformas legales para combatir empresas fantasma y el uso de facturas falsas, sobre lo cual el organismo autónomo ya tiene una propuesta.
La Prodecon informó que el próximo 26 de septiembre se realizará en un salón de la Cámara de Diputados del Congreso el foro abierto “Corrupción y empresas fantasma: propuesta de reforma legal para su combate eficaz”.
La titular de la Prodecon, Diana Bernal, y el diputado de Morena Ramírez Cuéllar coincidieron en la urgencia e importancia de formular y presentar una iniciativa que eleve a delito grave y delincuencia organizada la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.
También se requiere aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión, consideraron.
El diputado de Morena comentó que urge poner un semáforo de alerta a la corrupción que se ha presentado en diversas entidades del sector público, pues es frecuente que dichas entidades contraten supuestas prestaciones de servicios como “asesoría”, “diseño de logotipos”, “publicidad”, “estudios” y “servicios de logística”, entre otros, de los cuales es difícil de rastrear su efectiva prestación.
En dicho foro se analizarán reformas legales que implementen medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar la sangría de recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas.
Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que el ombudsman fiscal, encabezado por Diana Bernal, ha desempeñado un papel relevante en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa y ha presentado propuestas para erradicar este ilícito.
La Prodecon estimó que la propuesta que se requiere consiste en que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como 10 por ciento del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
