Los 28 ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron un paquete de reformas para la aplicación del impuesto sobre el valor agregado (IVA), con el propósito de combatir el fraude, para lo cual reforzarán la cooperación entre las autoridades tributarias.
Una de las medidas aprobadas permite, hasta el año 2022, que en los Estados miembros de la UE, bajo estrictas condiciones, sea el comprador y no el vendedor el encargado de reportar el impuesto.
La recaudación anual del IVA reporta pérdidas que rozan los 150,000 millones de euros (unos 173,000 millones de dólares). Se calcula que 50,000 millones de euros (unos 58,000 millones de dólares) van a parar en manos de todo tipo de defraudadores, el crimen organizado o el terrorismo.
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La perspectiva incumplida de los ingresos previstos distrae recursos a los presupuestos de los Estados miembros y también, los de la propia UE que se financian con este impuesto.
Según anunció la Comisión Europea, si bien la denominada "brecha del IVA" se va reduciendo año tras año en términos nominales, la situación varía según países.
En 2016, en 22 de los 28 países la brecha se redujo, en algunos casos de manera muy significativa con recuperaciones de más de cinco puntos porcentuales. En seis delos casos -Rumania, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Estonia y Francia- la brecha aumentó.