Luego que se dieran a conocer las listas de los créditos fiscales condonados o cancelados en el periodo de enero de 2007 a mayo de 2017, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, aseguró que en todo momento se protegió el secreto fiscal y se actuó en cumplimento de una orden judicial.
La funcionaria se refirió a la resolución del Poder Judicial de la Federación después de un litigio en el que el quejoso, integrante de la asociación Fundar, obtuvo de un juez federal una sentencia en 2016 que obligaba al SAT a transparentar el nombre de los contribuyentes a quienes se les condonaron impuestos durante el periodo citado.
“Nosotros como funcionarios estábamos entre la espada y la pared, creemos que el secreto fiscal en todo momento se protegió, por eso el litigio fue tan largo y fue tan arduo, por eso fue, incluso, una orden ejecutoria de amparo que debía de cumplirse”.
Explicó que el quejoso, en este caso la asociación Fundar, “sabrá qué quiere hacer" con la información, ya que el organismo fiscalizador actuó en cumplimiento estricto al marco legal.
Para la funcionaria, el problema no es quién haya hecho legítimamente uso del mecanismo que ofrecían las leyes de ingreso de 2000, 2006 y 2012, sino que hayan existido esas consideraciones legales.
La víspera, el SAT aclaró que no juzga ni califica a quienes ejercieron su derecho a esa condonación, pues cada seis años se construía un marco legal que lo permitía.
Empresarios responden
Hay que ser cautelosos en el juicio sobre las personas o empresas que aparecen en la lista de condonaciones divulgada la víspera por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró el sector privado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aplaudió la lucha legal emprendida por la organización Fundar para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) transparentara la información de créditos fiscales condonados y cancelados de enero de 2007 a mayo de 2015.
No obstante, hay que ser cautelosos en el juicio hacia las personas o empresas que aparecen en estas listas, pues habrá casos en los cuando la condonación se otorgó era legal, fruto de una norma o una regulación, argumentó.
